Comité Científico para todos

Es la opinión de Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y miembro de dicho comité, quien se pronuncia a título particular. Hasta donde él conoce, no existe un informe 'ad hoc' de dicha organización que dé soporte científico a las enmiendas del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la precisión con la que han sido formuladas algunas medidas, como la obligación de destinar el 5% de la superficie de cada finca agrícola para implantar sistemas que reduzcan la contaminación. Otra cosa es que los diputados hayan consultado por separado y a título particular a miembros de dicho comité científico.

La denuncia del fiscal jefe del TSJ por atentado ecológico al Mar Menor es otro elemento que ha influido a la hora de elaborar la ley. Para abordar en la Asamblea un problema tan complejo y encapsularlo en una norma, ¿era necesario contar con estudios científicos y académicos encargados expresamente para determinar las medidas y el alcance de las mismas? Es la pregunta que se hace el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, que quiere saber qué informes científicos soportan cada una de las medidas propuestas. Señala que él sí ha encargado un estudio específico al ingeniero Victoriano Martínez Álvarez, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que discrepa de la eficacia de las iniciativas más polémicas de los partidos de la oposición, en tanto que cuentan con el rechazo de los regantes, sindicatos agrarios y cooperativas.

A la pregunta de los regantes, el Grupo Parlamentario Socialista contestó ayer que se ha asesorado con ingenieros agrónomos de amplia experiencia y que se ha basado en un informe del Comité Científico de febrero del año pasado, «que pedía abordar el problema desde el origen». Podemos coincide en que se ha documentado en «informes del Comité Científico» y en consultas a expertos e investigadores, como agrónomos, biólogos y, también, con agricultores. En el caso de Ciudadanos, su posicionamiento reside también en estudios del Comité Científico y otros expertos. Señala que cuenta con un equipo técnico propio de «carácter multidisciplinar», y que se ha remitido a la legislación regional, nacional y europea. Añade que se ha reunido, asimismo, con todos los colectivos afectados, entre ellos las principales organizaciones agrarias. Ningún partido de la oposición menciona el nombre de los expertos consultados.

El PP se remite a las consultas que ha realizado a los técnicos de la Consejería de Agricultura, y a sus reuniones con los agricultores. Respalda el informe del ingeniero Victoriano Martínez.

Pérez Ruzafa sostiene que las medidas aprobadas en comisión parlamentaria, que serán ratificadas en el Pleno del 1 de febrero, «son positivas y razonables para proteger el Mar Menor». «Es importante aplicar el principio de precaución y actuar con urgencia, que es lo que se propone con la ley». A su juicio, será necesario entrar en una segunda fase para cuantificar y optimizar cada medida. Se trata de estudios técnicos posteriores para realizar el ajuste, por lo que pueden variar algunos parámetros.

Unido a esto, el catedrático cree que las medidas urgentes que se plantean en esta ley no deben ser permanentes, ya que considera imprescindible que se elabore un plan integral sobre los usos del agua en el Campo de Cartagena. Esta herramienta debe definir el tipo de agua que se utiliza, su tratamiento, el sistema de evacuación, las características de las aguas, los procesos de depuración, reutilización, y desnitrificación, y los usos y demandas. Cree que este plan es clave y que debe desarrollarse en paralelo a la ley de medidas urgentes.