El alcalde ordena cerrar en agosto el campamento militar para jóvenes

No habrá edición de agosto del campamento juvenil de orientación militar, que organiza la Asociación de Veteranos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española '5º ESTOL'. El Ayuntamiento de La Unión ha notificado a los organizadores una resolución informándoles de que las instalaciones deben cerrarse, «sin que haya lugar a que comience una nueva edición del campamento del 1 al 15 de agosto, como estaba previsto».

El alcalde unionense, Pedro López Milán, reiteró ayer que «el recinto debería desalojarse ya mismo por las deficientes condiciones de habitabilidad que presenta», pero el Consistorio ha decidido posponer la clausura al próximo viernes al no tener capacidad para acoger a tantos menores. «Para no generar una alarma adicional a los padres evacuando de golpe el campamento».

Desde el miércoles, un continuo goteo de padres está acudiendo a las instalaciones a recoger a sus hijos, con edades comprendidas entre los 13 y 19 años. Al cierre de esta edición, al menos 50 menores, de los 170 que iniciaron las actividades el pasado 15 de julio, según Protección Civil, habían abandonado voluntariamente el recinto.

El emplazamiento está en una finca rústica en las inmediaciones del polígono Lo Bolarín. En cualquier caso, para ayudar a los padres que deseen obtener información de primera mano sobre el estado de sus hijos o procurar el retorno inmediato al domicilio familiar, el Ayuntamiento, Cruz Roja y Guardia Civil han montado un dispositivo de 24 horas. Entre otros motivos, porque los móviles de los menores, procedentes de toda España, incluidas las islas, están custodiados por la organización del campamento desde el primer día y no tenían medio para comunicarse con sus familiares.

Además, un médico de Cruz Roja visita todas las tardes el campamento por si algún joven precisara atención. Desde el jueves, decenas de familias han denunciado públicamente el estado que presentan algunas dependencias del campamento. «Habitaciones en tiendas de campaña descatalogadas, desérticos campos de prácticas, aseos y cocina deplorables, acumulación de basuras...»

Algunos no descartan demandar a la organización por supuestas irregularidades en la publicidad y las condiciones higiénico-sanitarias. Pero no todo son críticas, uno de los padres de un menor que sigue en el campamento defendió que las condiciones «se asemejan a las duras condiciones que comporta la vida militar. Muchos padres hemos decidido que permanezcan en este ambiente».

«Alarma social injustificada»

El abogado de la asociación, Carlos Bernabé, admitió ayer haber recibido la notificación municipal de cierre, para el 31 de julio, aunque hay prevista una reunión la próxima semana con el regidor para exponerle «las mejoras que se están llevando a cabo en todas las instalaciones».

Bernabé subrayó que su cliente «está haciendo todo lo posible para que los chicos estén en las mejores condiciones». El letrado recordó que en el campamento todavía permanecen entre 140 y 150 alumnos y una veintena de instructores. «No se puede caer en la demagogia fácil sacando conclusiones fuera de contexto y generar una alarma social totalmente injustificada».