Una veintena de menores abandonan un campamento de orientación militar

Las actividades de la octava edición del campamento juvenil de orientación militar que organiza la Asociación de Veteranos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española '5º ESTOL', se han visto este verano empañadas por la denuncia que varios de sus instructores han presentado en el cuartel de la Policía Local de La Unión. Según el testimonio que aportaron ante los agentes, «se vieron obligados a renunciar a sus puestos porque no se dan las condiciones mínimas vitales para los alumnos de entre 13 y 19 años que están participando», aseguró el alcalde Pedro López Milán.

Una vez que la Policía local Levantó acta de los testimonios, según el regidor, se movilizaron diversos servicios municipales, Protección Civil y Guardia Civil para organizar una inspección, que se llevó a cabo el pasado miércoles.

Precariedad y deficiencias

Tras visitar las instalaciones, la comitiva inspectora «constató que las condiciones de habitabilidad son extremas», afirmó López Milán. Entre ellas, citó «la ausencia de cámaras frigoríficas para los alimentos y el agua, la escasez de aseos y duchas, las inadecuación de la tiendas de campaña, la precariedad de las instalaciones como la cocina y las infernales condiciones de temperatura en un terreno agreste como es este erial». En sus mediciones, la Guardia Civil registró una temperatura de 46 grados en el interior de las tiendas de campaña.

El campamento, ubicado en una parcela rural cerca del polígono industrial de Lo Bolarín, estaba instalado desde primeros de julio, aunque las actividades programadas se iniciaron con alrededor de 170 alumnos el día 15, si bien, subrayó el alcalde, «no fue hasta el día 10 cuando entró por registro las actividades que se querían llevar a cabo en esa finca». Después de la inspección, la Guardia Civil está avisando a todos los padres de los alumnos de la situación, y al menos de momento, entre 20 y 25 menores ya han abandonado las instalaciones.

López explicó que no era posible clausurar el recinto «puesto que el Ayuntamiento debe dar trámite de audiencia a la organización del campamento» y además, «no posee medios materiales para hacerse cargo de todos los alumnos».

Por parte de la asociación, su abogado, Carlos Bernabé, aseguró que «no existe ninguna comunicación formal del Ayuntamiento sobre estas cuestiones», aunque sí reconoció que «hay algunas incidencias, que en cualquier caso, se están subsanando». Bernabé insistió sobre las acusaciones de dureza en la condiciones de habitabilidad, en que «lo mismo que hay unos padres que han decidido llevarse a su hijos, hay otros que han estado aquí y se han mostrado conformes con las condiciones del campamento». El letrado pidió «que no se genere una alarma social, inexistente en cualquier caso».