El presidente de la UCAM declarará como imputado por construir en zona protegida

Haber construido un aulario, un laboratorio, un almacén, una cafetería, un porche y una caseta auxiliar en la Universidad Católica San Antonio (UCAM), careciendo supuestamente de los obligados permisos y además en una zona especialmente protegida, le va a costar al presidente de la institución docente, José Luis Mendoza, tener que comparecer en el juzgado, como imputado, para dar explicaciones sobre ese asunto.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar Fernández, ha citado para el próximo 6 de mayo a los legales representantes de las dos entidades presuntamente implicadas en las construcciones irregulares, la Fundación San Antonio y el Centro de Estudios Universidad San Antonio, que en apariencia están dirigidas por José Luis Mendoza. Fuentes próximas al caso han confirmado que la juez advierte en su auto de que la comparecencia tendrá lugar en calidad de investigado -lo que hasta hace unos meses se conocía como imputación-, dentro de unas diligencias que abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Como desveló 'La Verdad' el pasado enero, los hechos salieron a la luz después de que los ediles de Ahora Murcia en el Ayuntamiento realizaran una denuncia pública sobre la situación legal de esas edificaciones, que en total suman casi 3.500 metros cuadrados. Una circunstancia que obligó a la Concejalía de Urbanismo a enviar una inspección al campus privado y que permitió constatar que, en los últimos años, se habían levantado varios inmuebles que en apariencia incumplían la normativa urbanística. No en vano, además de haber sido construidos directamente sin licencia o, en el mejor de los casos, sin respetar las condiciones de una que se concedió en origen, estaban ubicadas en una zona calificada como 'Suelo No Urbanizable NR. Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés».

Fueron las conclusiones de esa inspección las que llevaron al propio concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, a firma un edicto el 22 de septiembre de 2015 por el que ordenaba poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, «a los efectos de exigencia de responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir por las obras ejecutadas».

Las diligencias informativas abiertas por el fiscal de delitos urbanísticos y medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, se tradujeron el pasado febrero en la presentación de una denuncia en los juzgados por un presunto delito contra la ordenación del territorio y la que ahora, una vez admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha determinado la citación como imputado del representante legal de la Fundación y el Centro de Estudios Universidad San Antonio: José Luis Mendoza. Pese a que su hermano Vicente figura como directivo de una de esas entidades, la UCAM afirmó ayer que no había sido citado por la magistrada.

Aunque el edil Navarro Corchón señaló en su momento que esas obras eran «de imposible legalización» y ordenó abrir un expediente de demolición, meses después, atendiendo a los requerimientos de la UCAM, que mantiene que los edificios son de interés social, dejó abierta la vía a que se pudieran legalizar. «El urbanismo no es una ciencia exacta», manifestó en un intento de aclarar la aparente contradicción.

Esa hipotética legalización, de ser posible, pasaría por el abono de una sanción por parte de la UCAM.