Cecop SA, «satisfecha tras un calvario» en Los Urrutias

«Con gran satisfacción y alegría, tras años sufriendo un verdadero calvario por decisiones del Ayuntamiento que han causado un perjuicio económico millonario a la empresa y que han impedido importantes inversiones en el municipio y, con ello, la creación de puestos de trabajo y de riqueza». Así recibió ayer la promotora inmobiliaria Cecop SA, que tiene su sede en Madrid, el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que le da la razón y anula la revisión 'exprés' del Plan General de Cartagena iniciada el año pasado por el Consistorio.

El abogado cartagenero Cesáreo Gil de Pareja, que ha llevado el pleito a la mercantil, explicó anoche a 'La Verdad' que la empresa ya interpuso dos recursos contencioso-administrativos contra el planeamiento de 2012, al ver elevadas «injustificadamente» por el Consistorio las «cargas» urbanísticas relativas a dos suelos cercanos al Mar Menor. Se trata de un terreno de unos 70.000 metros cuadrados ubicado en la llamada Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial Sector 1 Los Urrutias, donde pretendía levantar 300 viviendas; y otro, de una superficie menor, en la Unidad de Actuación 6 de ese mismo plan, cerca de la zona del Molino Viejo.

Los dos recursos, indicó Gil de Pareja, quedaron suspendidos al interponer otro contra el Plan General el empresario Tomás Olivo. La sentencia que este último ganó en 2015, y que vio ratificada en 2016, es la misma que ahora Cecop ha forzado a aplicar.

El Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos) cargó contra el Gobierno local, de MC y PSOE, porque «insiste en tropezar mil veces con la misma piedra». «Solicitamos nuevamente al Gobierno el cese inmediato del director general de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, responsable de estos fracasos e investigado» por prevaricación, por la presunta expropiación ilegal de un solar en La Azohía.

ANSE y Podemos: dimisiones

El director de ANSE, Pedro García, pidió que el alcalde, José López, renuncie a las competencias de Urbanismo, por haber actuado con una «grave irresponsabilidad», y reclamó al Gobierno local un «giro radical» en sus políticas.

«Pese a la evidencia de que los tribunales habían declarado nula toda la tramitación, se aferraron a que debían evitar una situación de inseguridad económica y jurídica prescindiendo cuanto antes del plan de 1987. Y lo que han conseguido es el efecto contrario y, además, perder un tiempo precioso», dijo García.