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J. A. G.
Martes, 21 de junio 2016, 01:28
El alcalde y concejal de Urbanismo, José López, descartó ayer la elaboración desde cero de un nuevo Plan General y avanzó que planteará una fórmula legal que permita acortar los plazos necesarios para aprobar un documento que se ajuste a las exigencias del Tribunal Supremo (TS).
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¿Qué ha anulado el Supremo y por qué?
El tribunal ha ratificado una sentencia del TSJ y ha dejado sin efecto la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cartagena de 1987. Ésta fue aprobada por la Comunidad Autónoma en 2011 y ratificada en 2012. El TS considera que no fueron subsanados numerosos e importantes defectos.
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¿Qué consecuencias prácticas tiene la sentencia?
Queda suspendida la concesión de las licencias de obra mayor y de las modificaciones del planeamiento ya solicitadas, así como la tramitación de otras nuevas. Entra en vigor el Plan General de 1987. También puede haber solicitudes de indemnización por parte de titulares de derechos urbanísticos.
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¿Qué ordena el Supremo y qué hará el Ayuntamiento?
Es necesario someter el plan a un nuevo trámite de información pública. El Ayuntamiento expondrá el documento que elaboró para la aprobación inicial, en 2011, pero con las correcciones exigidas por la Comunidad ya incorporadas.
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¿Cuándo entrará en vigor el nuevo plan?
No hay fecha. Antes, hay que completar un periodo de alegaciones, que el Pleno del Ayuntamiento dé su visto bueno a la nueva propuesta y que la Comunidad apruebe de nuevo el plan.
A través de un portavoz de la Alcaldía, José López dijo a 'La Verdad' que el plan fue corregido en un momento posterior al que indica la sentencia, según recoge una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de un fallo que rechaza el recurso de una empresa ligada al promotor Tomás Olivo, el mismo que ha ganado ahora el pleito en el Supremo.
Según fuentes municipales, el jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez, considera que solo es necesario retrotraer los trámites al momento de la aprobación inicial del plan, en 2011, y luego someter éste a información pública. Así lo ha hecho saber, entre otros, a técnicos de la Comunidad.
Tras el periodo de alegaciones, que tendría como paso previo el someter al Pleno del Ayuntamiento la ejecución de la sentencia del Supremo, la Comunidad tendría que autorizar el nuevo plan. El Pleno, además, tendría que aprobar la iniciativa del Gobierno municipal. Éste carece de mayoría absoluta y necesitaría apoyarse en PP, Ciudadanos o Podemos.
A juicio del Gobierno, revisar por completo el plan supondría años de burocracia y exponerse a reclamaciones patrimoniales de importe millonario contras las administraciones local y regional.
«Éste es otro problema dejado por los anteriores gestores regionales, que tendremos que solucionar con responsabilidad y el menor daño al desarrollo del municipio. Confiamos en que todas las fuerzas políticas y la administración regional estén a la altura de las necesidades para ejecutar esta sentencia en beneficio de la ciudadanía y la administración, sin intereses partidistas», dijo López. Añadió que la exalcaldesa Pilar Barreiro y el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel «dejaron una herencia envenenada». Además, prometió poner todo su empeño en «salvar una situación grave con trabajo, profesionalidad, esfuerzo y compromiso».
Un portavoz de la Consejería de Fomento indicó que el Supremo «se ha basado en una cuestión formal: la necesidad de una nueva exposición pública del documento de aprobación provisional del Plan General». Y añadió que Fomento «cumplirá, como no puede ser de otra manera, la resolución judicial, mirando siempre el interés general de Cartagena».
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