ANSE dice que el fallo «desacredita» al alcalde y a los responsables técnicos

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaba el Plan General Municipal de Cartagena «desacredita a los responsables de Urbanismo y a su alcalde, José López, y brinda una nueva oportunidad para un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente y las personas».

La asociación ecologista recordó que el regidor se negó a aceptar las sucesivas peticiones de ANSE para reiniciar el Plan General, y que llegó a calificarlas de «capricho». Además, nombró director general de Urbanismo a Jacinto Martínez Moncada, que fue el máximo responsable del Plan General fallido durante los gobiernos anteriores, «a pesar de las enormes deficiencias del mismo». Por todo ello, García cree que el alcalde debe destituirle de su cargo.

La Asociación había pedido por escrito y en una entrevista con López que el Ayuntamiento no recurriera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Le solicitó que elaborase un nuevo plan y lo sometiera a exposición pública. La organización subrayó que el TSJ anuló la aprobación definitiva del plan urbanístico, de diciembre de 2011, por las «graves deficiencias de fondo del documento que ordena los usos del suelo en el municipio de Cartagena», y obligaba a «revisar en profundidad» el documento.

Para la organización, esa sentencia «no debió de ser recurrida», tal y como hizo el Consistorio, que debió de haber aprovechado la «nueva oportunidad a todos los cartageneros para plantear un modelo territorial, un nuevo PGOU, que apostase por la sostenibilidad ambiental, económica y social». Pedro García defendió que se redacte nuevo plan con «un mayor diálogo y participación a nivel político y ciudadano», y con «un mayor respeto y cumplimiento de las normas que protegen recursos naturales».

El plan anulado por el TSJ, «rebajó la protección del suelo en la ribera Sur del Mar Menor, consolidando el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, incluyó suelos urbanos en Cala Reona y en el bosque de Atamaría, no aportó información cartográfica fundamental sobre hábitats naturales, riesgos ambientales e infraestructura diversas, y no incluyó suelos protegidos fuera de los que estaba obligada por normas europeas y autonómicas».

«Todas estas y otras muchas deficiencias fueron informadas negativamente por la misma Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma», y habían sido expuestas en las alegaciones presentadas por ANSE, según rememoró la organización en un comunicado de prensa.