La Policía Judicial busca documentación de la desaladora con cuatro registros

Agentes de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Murcia han practicado esta mañana al menos cuatro registros en otras tantas dependencias, públicas y privadas, en busca de documentación relacionada con la desalinizadora de Escombreras. La operación policial, coordinada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, tiene por objeto esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años.

Fuentes próximas a la investigación explicaron a 'La Verdad' que entre las dependencias registradas ayer por los agentes de la Policía Judicial se encuentran las instalaciones de la propia desalinizadora, así como el despacho profesional del letrado Andrés Arnaldos, situado en la calle Platería de Murcia. Este abogado ha desarrollado en apariencia un papel relevante en las operaciones societarias realizadas en torno a ese proyecto, pues trabajó para las sociedades que pusieron en marcha la desalinizadora en su origen y más tarde ejerció como secretario de Desaladora de Escombreras, la empresa pública que se hizo cargo de la explotación de la planta.

Los policías, que iban acompañados por el secretario del juzgado, buscaban documentación concreta sobre la planta y material informático, que fue requisado para su análisis.

Registros en la planta

La investigación judicial del 'caso Desaladora' se desencadenó en la mañana de este martes con un registro policial en las instalaciones de la desalinizadora de Escombreras, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

Fuentes próximas al caso señalaron que unidades de la Policía Nacional, cuerpo que dirige la investigación, y de la Guardia Civil se personaron en las dependencias mencionadas, a primera hora de la mañana, y requirieron la presencia del gerente, a quien informaron de que iban a proceder a intervenir determinada documentación relacionada con las diligencias abiertas por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, entre otros.

Los agentes ordenaron además que todos los empleados abandonaran la planta, con el fin de no interferir en esas diligencias.

Con este registro comienza formalmente la investigación judicial, que tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. Hace apenas unos días, como 'La Verdad' informó en exclusiva, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, admitió a trámite la denuncia, que acumula ya 15.000 folios de documentación, y se dispuso a ordenar las primeras diligencias.

En la denuncia del Ministerio Público aparece retratado Antonio Cerdá, el poderoso exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, como la cabeza visible de una supuesta trama ligada a la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras. El presunto máximo responsable de un conglomerado de intereses que habría derivado en un descomunal fraude -de decenas de millones de euros- contra las arcas de la Administración regional.

Además del exconsejero Cerdá, a quien se señala como el personaje central de buena parte de las operaciones que han acabado suponiendo un perjuicio millonario para los fondos de la Comunidad Autónoma -podría llegar a los 600 millones de euros-, la acusación se dirige igualmente contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.