Urbanismo usará un aval de 11,6 millones en el Ensanche Norte y en recuperar el centro

La ejecución de un aval de 11,6 millones por el incumplimiento de la obligación de urbanizar el Ensanche Norte, junto al Centro Comercial Mandarache, abre nuevas perspectivas para la construcción allí de 4.500 viviendas y para el desarrollo de proyectos de inversión en el casco antiguo. Entre los que están planteados, podrían tener el presupuesto del que carecen la restauración del Anfiteatro romano, de la Plaza de la Merced y del bulevar que une ambas zonas. También podrían tener cabida la implantación de nuevas tecnologías de información y comunicación, la recuperación de viviendas en desuso y la ejecución de un plan de movilidad en el centro.

La Junta de Gobierno local aprobó ayer un expediente de declaración de incumplimiento de obligaciones urbanísticas en el sector CC1.1 que implica el empleo del citado aval. Ese dinero lo depositó hace ocho años la mercantil Unión Temporal de Empresas (UTE) CC1.1, que comenzó de hecho con la urbanización hace cinco años. Sin embargo, los problemas económicos dieron al traste con esta iniciativa, que quedó paralizada hace tres. La empresa se vio imposibilitada para pagar los créditos suscritos con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, asumidos posteriormente por el Banco de Sabadell. También ha habido dificultades legales, ya que el plan de reparcelación fue anulado en los juzgados. Además, al frente de esa sociedad figura, como gerente, Agustín Alonso, hermano del exalcalde José Antonio Alonso, cuya actividad empresarial se ha visto salpicada por otros asuntos como su presunta participación en la trama que investiga la Audiencia Nacional, en el 'Caso Púnica'.

Nada más acceder al Gobierno, la coalición formada por Movimiento Ciudadano y PSOE se puso a explorar las posibilidades para reactivar esta urbanización. El alcalde, José López, que asumió las competencias de Urbanismo, se dio cuenta de que esa zona era la única con verdaderas posibilidades de desarrollo para impulsar el crecimiento de la ciudad. La urbanización de El Hondón está vedada por el elevado coste de descontaminación, lo cual ha llevado a López a prever la construcción de un parque y a luchar para que la Administración regional, que tiene participación en esa zona, admita esa opción. Otras zonas como el Plan Parcial Rambla y el de Cartagena Oeste 5 (Los Patojos) están sumidos en problemas jurídicos y económicos de difícil solución.

La entrada en acción de Solvia, sociedad inmobiliaria del Banco Sabadell, ha sido decisiva. Tras largas deliberaciones, la Concejalía de Urbanismo aceptó dar una oportunidad a esta sociedad para que negocie con el resto de propietarios. Los créditos sobre los terrenos de la promoción la han situado en inmejorable situación para optar a convertirse en la nueva urbanizadora y llevar adelante el proyecto inicial. En éste, además de las 4.500 viviendas previstas, se incluyeron un parque-vereda que daría continuidad a la Vía Verde de Barrio Peral, junto a instalaciones deportivas y equipamientos. Justo al lado hay prevista una parcela para albergar la Ciudad de la Justicia y el coso multiusos. Es la zona que iba a acoger la estación del AVE, a la que renunció el Gobierno local.

La decisión de la Junta es permitir la reserva de seis de los 11,6 millones del aval para los gastos de urbanización que sean necesarios en su momento. Otro millón permanecerá disponible para los acuerdos con el resto de los propietarios de suelo, que podrían exigir compensaciones por los retrasos en la urbanización.

Lo que más interesa al Ayuntamiento es disponer de tres millones de euros por el acuerdo que le atribuye al menos el 10% de los derechos de urbanización, en suelo o en otro tipo de contraprestaciones, incluidas las monetarias.

«La intención del Gobierno local es transferirle esos fondos a la Sociedad Municipal Casco Antiguo, para sus inversiones», indicó ayer un portavoz del Gobierno local, tras la reunión mantenida por el Ejecutivo en el Palacio Consistorial.

Restaurar el patrimonio

Planes de infraestructuras no le faltan a esta empresa pública, que lleva años sin apenas liquidez para invertir . No en vano, tiene pendiente recibir la confirmación de los fondos europeos que ha pedido (18 millones de euros) para proyectos como la excavación y recuperación del Anfiteatro Romano, su unión con el Ascensor Panorámico, la restauración como zona visitable de las ruinas romanas y púnicas de la Plaza de la Merced y la adecuación del paseo del Barrio Universitario que los une.

La fecha pasa saber cuánto dinero dará la Unión Europea es el 16 de mayo. El Ayuntamiento necesita disponer de 3,7 millones (el 20% del total), si consigue el máximo que ha pedido. Su petición de fondos abarca también planes de movilidad y mejoras tecnológicas en el casco histórico.

Asimismo, está pendiente la aportación de 700.000 euros para urbanizar el Molinete y el Monte Sacro, dentro del programa Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana (ARRU).