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J. A. G.
Jueves, 10 de marzo 2016, 01:40
La Comunidad Autónoma ha rechazado la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local revoque la decisión adoptada por este mismo órgano en la legislatura pasada de declarar desierta la plaza de interventor del Ayuntamiento. El Ejecutivo actual, de Movimiento Ciudadano y PSOE, no podrá dar marcha atrás al acuerdo del equipo del PP y adjudicar el puesto a Fernando Urruticoechea, el único candidato que se presentó al concurso público convocado para cubrir la plaza de forma definitiva.
Un portavoz del alcalde, José López, confirmó ayer a 'La Verdad' que en respuesta a una pregunta del Ayuntamiento la Consejería de Presidencia, que dirige María Dolores Pagán, ha emitido un informe en el que determina que no ha lugar a revocar la decisión de la Junta que presidía como alcaldesa Pilar Barreiro.
En su resolución, dictada en enero pero que ha trascendido ahora, la Consejería advierte además al Ayuntamiento de que pronto se cumplirá el plazo máximo para convocar un nuevo concurso. La plaza es ocupada de forma provisional por Miriam González, designada por la Comunidad.
La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy las bases del nuevo concurso para la plaza de interventor, y para las de otros dos funcionarios de habilitación nacional: secretario general y directora de la Oficina del Gobierno municipal, ocupados de forma transitoria por Bernardo Muñoz y Encarna Valverde respectivamente.
Pendientes de la Justicia
En la Alcaldía indicaron que López «no puede imponer su criterio», sino que debe actuar con «máximo respeto a sus obligaciones legales y con coherencia», dado que cuando estaba en la oposición su grupo, Movimiento Ciudadano, exigió al PP acatar las leyes y los plazos. En todo caso, recordaron que, en cualquier momento, Urruticoechea puede ver reconocido su derecho a la plaza en los tribunales.
En la vía penal, MC se querelló contra la Junta anterior por prevaricación, por catalogar al aspirante como «no idóneo» a pesar de que cumplía todos los requisitos, y Urruticoechea ejerce la acusación particular. En lo contencioso-administrativo, hay un pleito interpuesto por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital).
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