Carga contra el interventor y denuncia «inseguridad jurídica»

La Unión Temporal de Empresas Gestípolis-Sonora, que tiene como empresario de referencia a Pedro Pablo Hernández, indicó a través de un comunicado que «al parecer el Ayuntamiento, cambiando las reglas del juego casi tres años después, contraviene sus propios actos y la mínima seguridad jurídica exigible y entiende ahora que la ayuda o subvención no es para gestionar y explotar el inmueble sino para pagar gastos a la UTE contra aportación de tiquet o factura de cada gasto». La gestora añadió que «al parecer, éste es el criterio que el Tribunal de Cuentas le habría transmitido al Ayuntamiento y más concretamente al Interventor municipal, que fue quien autorizó el pliego, el gasto del contrato y ha venido autorizando el pago de los semestres 1 a 4. Seguramente es que el Ayuntamiento no le ha explicado bien al Tribunal de Cuentas cómo quiso que funcionara el contrato». La UTE destacó que cumple con su parte del contrato, al traer a Cartagena una programación cultural de calidad y tener comprometidos muchos congresos, y pidió al Ayuntamiento que también cumpla.