El candidato a interventor denuncia que lo descartaron por combatir la corrupción

El interventor de Orihuela (Alicante) y el único candidato que se presentó en 2014 a ocupar la plaza vacante para este puesto en el Ayuntamiento de Cartagena, Fernando Urruticoechea, declaró ayer como testigo en la querella criminal interpuesta por el concejal de Movimiento Ciudadano, José López, contra la Junta de Gobierno local por descartar a este funcionario de manera presuntamente arbitraria por supuestos motivos políticos.

En este proceso, dentro del que Urruticoechea compareció en el Juzgado de Instrucción 3 como testigo, López pide condenar a la alcaldesa, Pilar Barreiro, y al resto de concejales de la Junta por prevaricación y prevaricación continuada.

Querella de MC contra Barreiro

El edil denuncia que estos presuntos delitos están relacionados con la decisión de declarar desierto el concurso público para designar al interventor, «a pesar de un dictamen del Consejo de Estado que impide hacerlo»; y con el hecho de que el Ayuntamiento, gobernado por Barreiro desde 1995, cubre desde hace años de manera accidental los puestos de los tres funcionarios de más alto rango: secretario general, director de la Oficina de Gobierno e interventor.

«El puesto de interventor es de máximo interés ciudadano. Su labor es controlar que el dinero recaudado de forma coactiva con impuestos se usa bien. Por eso, es inadmisible que este órgano de control interno pretenda ser elegido, con libre albedrío, por quienes tienen que ser controlados. Esto es lo que ha sucedido en Cartagena, desgraciadamente», dijo Urruticoechea a los periodistas antes de entrar en el juzgado. Llegó acompañado por José López y por el abogado de éste, Jesús Giménez.

Urruticoechea cree «evidente y clarísimo» que en el Ejecutivo, del PP, «no han querido a ningún testigo molesto, a ningún controlador de su gestión». El propio Ayuntamiento reconoció que este funcionario del Estado cumplía los requisitos legales, pero alegó la existencia de informes en su contra.

Este interventor, que denunció un caso de corrupción urbanística que acabó con el Gobierno municipal de Castro Urdiales (Cantabria), recordó que el Consejo General de Secretarios e Interventores de España ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la Junta. Y mostró su preocupación por la corrupción en España en torno a «la contratación de los servicios de basura y limpieza viaria, aguas, jardinería y gestión de polideportivos».