Devuelven a un vecino parte de la factura por tener alcantarillado

Un vecino de La Azohía ha ganado una batalla judicial a la concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea, que puede abrir la puerta a nuevos pleitos entre la empresa y los casi seiscientos usuarios de esa zona, de Isla Plana y de La Chapineta a los que cobró casi 700 euros en 2011 por conectar sus casas al alcantarillado. La resolución judicial puede, asimismo, afectar al Ayuntamiento como demandado por anunciar primero la financiación pública del proyecto a través del Plan E, impulsado por el Gobierno de la Nación, y optar después por cargar el coste de las obras a los ciudadanos.

La sentencia, dictada de manera firme por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena el pasado 10 de abril y de la que se ha hecho eco el partido Socialistas por Cartagena (SPCT), da la razón a Luis Gisbert Díaz, dueño de una segunda vivienda en La Azohía.

Este vecino llevó el año pasado a los tribunales a la antigua Aguaquest, ahora Hidrogea, al ver rechazadas las reclamaciones administrativas que interpuso por una factura de 667,7 euros de febrero de 2011.

Aunque las obras fueron subcontratadas a la empresa González Soto, el juez condena a Hidrogea ala devolución parcial del importe de la acometida: 101,70 de los 666,70 euros que alcanzó la factura.

El juez concluye que «por parte de la demandada no se ha ofrecido ni acreditado explicación alguna que justifique la diferencia existente entre el precio cerrado ofrecido a los usuarios, 565 euros, y el finalmente facturado, 666,70 euros».

La sentencia recoge que en la vista oral, una testigo, trabajadora de la concesionaria, explicó que «inicialmente se presupuestó en 565 euros, pero que luego se incrementó el precio porque se detectó que faltaban más partidas por ejecutar».

Asimismo, la resolución menciona «una declaración de voluntad» escrita del concejal de Descentralización y Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, dirigida al presidente de la Junta Vecinal Municipal de Isla Plana-La Azohía. En ella, el edil hace una referencia expresa a que «la empresa ejecutará cada acometida por un precio unitario cerrado de 565 euros para todo particular» que lo pida en un plazo determinado.

Eso sí, el juez rechaza la pretensión del demandante de que el precio final sea 219,12 euros, como figura en el proyecto redactado en 2009 para su inmueble. Argumenta que la ley ampara «alteraciones imprevistas en los precios desde su presupuesto hasta su ejecución» justificadas; y que «al precio neto presupuestado, ordinariamente se añaden porcentajes por distintos conceptos, como gastos generales, por beneficio industrial o por impuesto que pudieran gravar el hecho imponible gravado (IVA)».

El juzgado señala que la «modificación de los términos de financiación» de las obras, que pasó «de ser pública a privada, es una decisión política adoptada por el concejal». Pero determina que el vecino no impugnó esa decisión, ni ha podido acreditar que eso constituyera una ilegalidad administrativa.

El secretario general de SPCT, Juan Luis Martínez, criticó el cambio de criterio municipal, y calificó de «inaudito» que no fuera fruto de una cuestión técnica, «puesto que el informe que lo justifica no consta en el expediente». Añadió que, según su información, «la decisión se sustenta solo en un informe de la propia empresa concesionaria».

SPCT pide medidas

SPCT anunció que, por su alianza en la Izquierda Plural, Izquierda Unida-Verdes exigirá al Gobierno local, del PP, a que inste a Hidrogea a devolver el sobrecoste a los afectados; y que abra una negociación «para evitar demandas masivas con coste adicional a las arcas municipales».

Asimismo, pidió culminar la conexión de las casas de las familias que no pudieron costear las obras. Según el Consistorio, solo faltan 32 en Los Madriles. Según Hidrogea en La Azohía solo hay casos «aislados».