Un interventor sin «confianza»
El Gobierno local cree al Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre el presunto daño que causó Fernando Urruticoechea, aunque sus denuncias acabaron con una trama corrupta Barreiro descartó al único candidato por informes y noticias «negativas» sobre él, y por su inexperiencia en grandes urbes
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ
Viernes, 20 de junio 2014, 13:03
Falta de «confianza profesional», por su inexperiencia en grandes municipios y por «informes y noticias» negativos sobre su tarea procedentes de los distintos ayuntamientos por los que ha pasado, donde se le ha «responsabilizado de cierto desfase en las cuentas» y de perjudicar «la situación económica-financiera».
Así pueden resumirse las razones esgrimidas por el Gobierno municipal de Cartagena para descartar como interventor general del Ayuntamiento a Fernando Urruticoechea y declarar desierto el concurso nacional convocado para asignar de forma definitiva la plaza, cubierta de forma temporal ya tres años y medio.
En la propuesta de la concejal de Hacienda y Personal, Fátima Suanzes, aprobada por la Junta de Gobierno Local (compuesta solo por ediles del Partido Popular) el pasado 14 de marzo, se explican las razones por las que el aspirante fue declarado «no idóneo». Entre ellas, destaca, por el detalle con que lo cita la edil y por el contraste con los acontecimientos políticos y judiciales de esa época, la referencia a unos informes relativos a la etapa de Urruticoechea en la Corporación local de Castro Urdiales (Cantabria).
«A través de sendos informes elevados al Tribunal de Cuentas por los Servicios de Intervención, Tesorería y Recaudación del Ayuntamiento de Castro Urdiales, sabemos que [Urruticoechea] faltó a sus obligaciones como interventor, afectando sobremanera a una situación límite que ocasionó notables perjuicios a la hacienda municipal», recoge la concejal de Hacienda y Personal en su propuesta, a la que ha tenido acceso el diario &lsquoLa Verdad&rsquo.
Este documento, incluido en el expediente sobre el proceso de libre designación del puesto de interventor, pasa por alto las consecuencias positivas que tuvo para los ciudadanos de Castro Urdiales la detección de anomalías por parte de Urruticoechea. Éste destapó la adjudicación irregular de un contrato para la construcción de un túnel innecesario al hermano de un concejal, un caso por el que la Justicia inhabilitó al alcalde, todos los concejales del equipo de gobierno (del PP) y condenó también al secretario municipal y al gerente de la compañía.
La resolución sobre Urruticoechea hace referencia también al fiscal jefe de la Audiencia de Cantabria. Éste, señaló la concejal Fátima Suanzes, «constata la corresponsabilidad del señor interventor en el caos financiero del Ayuntamiento».
Asimismo, de manera genérica el Ayuntamiento de Cartagena afirma que «noticias semejantes» sobre el funcionario en cuestión «existen en los Ayuntamientos de Laredo y Crevillente». Y añade que, si bien no enumera en el documento «todas las circunstancias que se relacionan en los citados informes», lo cierto es que «de su lectura y tratándose de datos objetivos, es posible cuestionar su competencia profesional». Como información objetiva, cita «la no presentación de cuentas, la no realización de informes y la propuesta de separación del servicio activo».
«Es posible cuestionar su competencia profesional»; y por lo tanto sobre la base de la «facultad discrecional de la autoridad competente», ésta resuelve «no depositar su confianza profesional» en Urruticoechea, concluye la edil.
Previamente, sobre el margen de decisión de la Junta de Gobierno, que presidió la alcaldesa, Pilar Barreiro, la concejal argumentó que no se trata de actuar con «arbitrariedad». Solo se emplean las competencias que el Tribunal Supremo reconoce para nombrar cargos de libre designación, previa realización de un «juicio de idoneidad», dijo Suanzes.
Recurso judicial
Ésta señaló, remitiéndose a varias normativas, que más allá de la «confianza política y personal» se evalúa la «aptitud profesional», medida por los «méritos» y el «historial funcionarial». Este aspecto es el que, según el Ayuntamiento, deja «mermada» la confianza en Urruticoechea, y lo invalida pese a que «cumple con los requisitos formales» para el puesto.
Urruticoechea anunció anteayer a &lsquoLa Verdad&rsquo que recurrirá en los tribunales para tratar de lograr la plaza, adscrita a la administración central del Estado, porque la ley impide dejar la convocatoria desierta. El Ayuntamiento sostuvo que, ni siquiera en los concursos, la libre designación puede «reducirse a la elección forzosa de un aspirante». Si se considera a un candidato no «idóneo», dice el Consistorio, la plaza puede quedar vacante.
Además de por el caso cántabro, Urruticoechea, actual interventor del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), es conocido a nivel nacional por denunciar públicamente la ineficacia de los mecanismos de control de las cuentas públicas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.