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El juzgado pide al Ayuntamiento los apuntes del registro para la causa contra la interventora

«No se aprecia la concurrencia de circunstancias que razonablemente permiten inferir que la instrucción no pudiera ser culminada en un plazo de seis meses»

J. G. B.

Jueves, 14 de abril 2016, 01:29

Una de cal y otra de arena para el Ayuntamiento de Alcantarilla en la causa que el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia asume contra la interventora municipal en funciones, por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa. El juzgado ha emitido un auto denegando la petición de la Fiscalía de declarar la causa compleja. «No se aprecia la concurrencia de circunstancias que razonablemente permiten inferir que la instrucción no pudiera ser culminada en un plazo de seis meses».

Esto evitará más presión al alcalde, Joaquín Buendía, al que la oposición ha solicitado varias veces el cese de la interventora en funciones. La funcionaria mantiene su puesto porque el Consistorio sigue sin encontrar un habilitado de carácter nacional. Pero el auto del juzgado también pone 'deberes' al Ayuntamiento, «recordándole la necesaria aportación, en el acto de la comparecencia del testigo, tanto en papel como en soporte informático de las anotaciones, movimientos y rectificaciones habidos en el Registro General de entrada y salida entre los días 17 de abril a 11 de mayo de 2012».

Para finales de abril está citado a prestar declaración el encargado del Registro General de Alcantarilla para aclarar si fue manipulado el Libro del Registro de Salida y el certificado 2443 firmado por la interventora. Dicho certificado impidió a Obyser Mediterráneo cobrarle al Consistorio cuatro facturas (15.676 euros) y motivó la querella contra la funcionaria.

Esencial para la acusación

Este oficio se ha dirigido al Ayuntamiento porque José Ramón Sáez, letrado de la empresa, alertó en un escrito de que «no consta, a fecha de hoy, que se haya dado cumplimiento» a la entrega de los ficheros. El abogado exponía al juzgado que ya se pidieron a los testigos en otro oficio enviado en febrero y que en el auto de la Audiencia Provincial, que reactivó la causa contra la funcionaria, también se pedía al Consistorio que los entregase. «Es esencial que se aporte dicha documentación a la causa».

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