«El alcalde me dijo que le iban a rebanar el cuello si no reabría La Zerrichera»

El ex secretario municipal del Ayuntamiento de Águilas, José Luis P., sostuvo ayer, durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso Zerrichera', que el exalcalde de la localidad, Juan Ramírez, le confesó haber sufrido «presiones» para sacar adelante el proyecto urbanístico, que pretendía levantar un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf en un paraje con hasta cuatro figuras legales de protección diferentes.

Durante unos segundos, el funcionario, ya jubilado, se quedó mudo al escuchar al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, releer las declaraciones que ya hizo hace unos años en fase de instrucción, pero finalmente asintió con la cabeza y sostuvo que todo era cierto. «Me dijo que tenía que reabrir el expediente porque se jugaba el puesto y le iban a rebanar el cuello», explicó.

Este testigo ya aseguró, en sus anteriores declaraciones, que había llegado a sus oídos la visita al Consistorio aguileño, la misma semana que se reabrió el procedimiento municipal, de dos consejeros. «El alcalde me dijo que no tenía más remedio que reabrir el expediente porque había sufrido presiones», remarcó.

El ex secretario municipal explicó que, en el transcurso del procedimiento que se desarrolló en el ayuntamiento para aprobar la modificación puntual de La Zerrichera, advirtió algunos «hechos» que trató de poner en conocimiento de la Fiscalía. «Vine dos o tres veces a Murcia para comunicarlos, pero algún oficial me dijo que me fuera a Lorca, que no tenía que venir aquí a dar trabajo». Más tarde el fiscal jefe le requirió y él facilitó alguna documentación al Ministerio Público, concretamente el fax recibido en el Ayuntamiento el 24 de octubre de 2005, pasadas las ocho de la tarde, con un informe propuesta de la Comunidad fechado un día después. Un documento que, aseguró, llegó a sus manos al día siguiente, cuando llegó a su puesto de trabajo. «Ante esa situación irregular me proveí de una fotocopia».

La Audiencia Provincial también escuchó ayer al exalcalde que negó rotundamente haberse sentido coaccionado a lo largo de la tramitación del proyecto. «Nunca recibí ninguna presión para sacar adelante el expediente», recalcó Ramírez, que estuvo imputado en este caso -cargos que se acabaron sobreseyendo-. A preguntas del fiscal, descartó que hablara con ningún consejero o director general sobre la iniciativa. Aseguró que «al Ayuntamiento le interesaba este proyecto, siempre que estuviera dentro de la legalidad, porque era bueno para el pueblo». Sostuvo, en todo caso, que siempre actuó conforme al criterio de los técnicos.

El ex primer edil alegó, en diversos momentos del interrogatorio, no recordar aspectos del procedimiento debido a los doce años transcurridos. La magistrada presidenta, Concepción Roig, le pidió que hiciese un esfuerzo y recordó en varias ocasiones su condición de testigo y, por tanto, su obligación de decir verdad bajo riesgo de acabar imputado por un delito de falso testimonio.

Las tres magistradas que enjuician esta macrocausa también escucharon, en esta séptima sesión de la vista, a la jefa de planeamiento del Ayuntamiento aguileño, que declaró como testigo. Esta funcionaria aseguró que convocó la comisión de urbanismo, sin contar aún con la declaración favorable de impacto ambiental, porque así se lo pidió el exregidor. Preguntada por el fiscal por el motivo por el que no esperaron a contar con esa documentación para convocar el Pleno, la testigo reconoció que «hubiera sido lo suyo» y lo achacó a una decisión del entonces primer edil.