La juez baraja mandar a Cachá al TSJ cuando esté acabado el asunto del ruido en Pérez Casas

Aún no ha llegado el momento, pero la juez de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, parece tener claro que antes o después tendrá que remitir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) las diligencias sobre los ruidos en la calle Pérez Casas. No se entiende, de no ser así, que ya haya pedido a la Asamblea Regional que certifique si la hoy consejera de Educación y exconcejal de Medio Ambiente de Murcia, Adela Martínez-Cachá, disfruta de la condición de aforada como miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

En un auto dictado días atrás, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, deja constancia de que ya en octubre de 2016, el abogado José Antonio García Sánchez, actuando en representación de la comunidad de propietarios del Edificio Greco de Murcia, le solicitó que se inhibiera en favor de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por considerar que existían indicios de delito contra quien entonces ocupaba el cargo de consejera de Agricultura. Y dado que se encontraba aforada, solo el Alto Tribunal murciano podía enjuiciarla.

La magistrada Miriam Marín y el Ministerio Fiscal vinieron a darle la razón a la acusación particular en lo que se refiere a la existencia de indicios de supuestos delitos de contaminación acústica, en los que la edil podría haber incurrido en su día por omisión de las medidas correctoras pertinentes, y otro de prevaricación omisiva.

Pero dejaron sentado a la vez que no era el momento procesal oportuno para dar ese paso debido a que quedaban diligencias pendientes de practicar, «que pueden servir para concretar en mayor medida el grado de implicación de los investigados», y porque también estaba todavía sin resolver un recurso por parte de la Audiencia Provincial.

Ahora, la magistrada insiste en que sigue sin ser el momento de enviar las actuaciones al TSJ, pero a su vez ya ha pedido a la Asamblea Regional que le aclare si Adela Martínez-Cachá, que actualmente ocupa el cargo de consejera de Educación, disfruta de aforamiento. Una decisión, esta última, bastante reveladora de sus planes de futuro.

Antes de decidir sobre esa cuestión, Miriam Marín ordena que se practiquen dos nuevas pruebas, consistentes en pedir al Ayuntamiento de Murcia las actas relativas a la Comisión de Ruidos y en tomar declaración al director de la Oficina de Proyectos Municipales, José Luis Jiménez.

Estas diligencias son consecuencia de la querella que presentó en 2013 la comunidad de vecinos del Edificio Greco de la calle Pérez Casas, denunciando la supuesta complacencia del Consistorio frente a los ruidos de los bares de copas.