Los concejales de Puerto Lumbreras reclaman que no se admita un informe pericial

La defensa de siete concejales y exediles del PP en Puerto Lumbreras, imputados por su supuesta implicación en el 'caso Auditorio' de supuesta corrupción urbanística, recusó ayer a un perito designado por la acusación particular que ejerce Podemos por considerar que su imparcialidad está condicionada. El afectado es el arquitecto Juan García Parra, que recientemente elaboró un informe en el que se hacía constar la existencia de un 'agujero' de 1,2 millones de euros en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

La defensa de los siete concejales populares pide al magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, que no admita el citado análisis pericial, ya que afirma que Juan García Parra es secretario general del PSOE en Huércal Overa, lo que a juicio de esa parte vierte dudas sobre su necesaria imparcialidad. En el escrito incluso se ironiza con que la designación de ese técnico se ha debido «a la inexistencia de arquitectos en la Región de Murcia y a la escasez de los existentes en todo el territorio nacional».

El letrado que representa a los ediles lumbrerenses investigados asegura que las acusaciones están tratando de que todo este procedimiento «se convierta en un auténtico circo mediático y político».

Con todo, el principal argumento de esa parte es en parte erróneo, ya que Juan García Parra dejó de ejercer esa responsabilidad política hace más de un mes. La agrupación socialista de Huércal Overa difundió ayer un certificado para dejar constancia de que dimitió el pasado febrero.