Tres peritos privados defienden los informes que exculpan a Sánchez

Tres expertos en dos disciplinas bien distintas, la arquitectura y el derecho administrativo, comparecerán esta mañana ante el magistrado instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez-Templado, con el fin de ratificar unos informes en los que defienden -entre otras cuestiones- que la actuación del exalcalde de Puerto Lumbreras, el hoy presidente del Gobierno murciano fue totalmente ajustada a la ley. La defensa de Pedro A. Sánchez tiene previsto pedir el archivo del caso tras la declaración de estos peritos.

Pero esta comparecencia está lejos de tratarse de un mero trámite. Ninguno de los tres especialistas, por muy reputados que sean sus conocimientos, lo tendrá sencillo para defender sus conclusiones ante algunas de las partes del proceso, como el Ministerio Fiscal y, fundamentalmente, los letrados de varias de las acusaciones particulares, que en apariencia no acudirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el ánimo de regalarles una alfombra de pétalos. Antes al contrario, fuentes próximas a este procedimiento confirman que algunos letrados llevan días preparando una batería de preguntas y cuestiones con las que tratar de dejar en entredicho esos informes.

En su favor van a contar con el hecho de que los peritos no pueden negarse a contestar a algunas de las partes del proceso, como hizo el propio Pedro Antonio Sánchez, pues este es un derecho que solo asiste a los investigados. De tal forma que estos especialistas contratados por las defensas de Sánchez y del arquitecto Martín Lejarraga, cada uno de los cuales ha presentado su correspondiente informe para justificar la actuación de los encausados, no tendrán más remedio que someterse a un interrogatorio que se prevé intenso y comprometido.

Los dos documentos encargados por la defensa del presidente murciano son los elaborados por un exdecano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, Antonio García Herrero, y por un profesor de Derecho Administrativo, Ramón Entrena. El primero de ellos viene a avalar la actuación de Sánchez en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las obras del Auditorio, pues mantiene que los seis millones de euros de la subvención se emplearon en el edificio, que el único proyecto que debía ejecutarse y se ejecutó era el del Modificado, que no se ha practicado la liquidación de las obras, que el espacio que se ocupó del Auditorio es el de los pabellones de Danza-Música y Exposiciones-Congresos, y que ya existe una sentencia de un juzgado de lo Contencioso que avala el concurso de ideas que se convocó para diseñar el centro cultural. Por lo que se refiere a la actuación administrativa que Sánchez desarrolló como alcalde de Puerto Lumbreras, el profesor Entrena defiende que no se aprecia dolo alguno y que no hay razones para imputarle delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales y falsedad documental, que el acta de recepción se redactó solo para los pabellones de Música-Danza y Exposiciones-Congresos ya mencionados, y que la sentencia antes reseñada deja sentadas muchas de las imputaciones que le hacen la Fiscalía y las acusaciones particulares.

El tercer informe que hoy deberá ser ratificado es el redactado por el arquitecto Francisco Ruiz-Gijón y Pérez, por encargo del director de las obras del Auditorio, Martín Lejarraga, que viene a concluir que no existió perjuicio económico para el Ayuntamiento lumbrerense, que la causa de que el proyecto quedara inconcluso fue la falta de financiación derivada de la crisis económica, que todos los fondos se emplearon íntegramente en las obras, que el anteproyecto que se presentó para obtener las ayudas públicas nada tiene que ver con el que finalmente se llevó a efecto, que el plazo de quince días que se otorgó para presentar trabajos al concurso de ideas fue suficiente y, por último, que los honorarios que percibió Lejarraga por ganar ese concurso -cerca de 350.000 euros- «son los usuales y habitualmente aceptados».

Importantes discrepancias

El Ministerio Público y los letrados de las acusaciones particulares no se limitarán a asentir frente a tales afirmaciones, sobre todo teniendo en cuenta que los informes elaborados por los peritos oficiales que designó el juzgado -entre ellos, un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado- contradicen abiertamente tales conclusiones y advierten, con profusión de datos, de la existencia de múltiples irregularidades durante la adjudicación y construcción del Auditorio.