Luz verde al concurso para intentar abrir el aeropuerto

La larga historia del aeropuerto de Corvera, que sigue con las puertas cerradas desde hace cuatro años, ha entrado este miércoles en una nueva fase con la orden del consejero de Obras Públicas, Pedro Rivera, para iniciar el expediente del concurso público para la explotación de las instalaciones, que se sacará este mismo mes. Las negociaciones con Aena han quedado rotas, ya que la operadora no ha contestado al ultimátum que le dio la Consejería para firmar el convenio de cierre de San Javier. El Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez ha decidido dar este paso con el aeropuerto de San Javier abierto, situado a 25 kilómetros de distancia.

El Consejo de Gobierno respaldó en la mañana de este miércoles la orden del consejero, dando carta blanca al expediente para licitar el concurso. Ahora se abre un plazo para convocarlo con el pliego de condiciones que se elaboró en noviembre, por lo que los futuros licitadores deben tener en cuenta que entran en un mercado con un competidor cerca y que opera en los aeropuertos de San Javier y Alicante. El contrato será por 25 años y se valorará la experiencia técnica de los licitadores en el sector aeroportuario.

Con el proceso ahora abierto, el concurso podría resolverse a lo largo de este año, aunque las operaciones en Corvera se inciarían en 2018, en el caso de que hay un nuevo concesionario. Son necesarias las nuevas certificaciones de Aviación Civil y del Ministerio de Fomento.

Aena no respondió al ultimátum que le lanzó el consejero para comunicar por escrito que pensaba firmar el convenio para el cierre de San Javier negociado en los últimos meses, que comportaba una indemnización de 35 millones de euros que tendría que pagar el nuevo concesionario. En este escenario, ese desembolso ya no es necesario. Rivera criticó que Aena presentó a última hora excusas "peregrinas" para no firmar, como adelantó La Verdad. La operadora solicitó un informe interno, a la vez que consideró que en estos momentos existe incertidumbre política en la Región de Murcia debido a la invetigación del presidente Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Auditorio'. Asimismo, consideró que no había garantías suficientes de que fuera a cobrar los 35 millones de la indemnización. El Gobierno regional rechazó estos planteamientos y señaló que había acuerdo entre las partes.