La defensa de Sánchez insistirá en la teoría del error administrativo

Admitirá que existen errores administrativos, pero en ningún caso aceptará haber incurrido en actuaciones que puedan incluirse dentro de la categoría de lo delictivo. Esa es la línea principal de defensa que el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tratará este lunes de sostener con los argumentos y el estricto asesoramiento que viene recibiendo de un equipo defensor que encabeza Francisco Martínez-Escribano, a la sazón decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.

«El concurso de proyectos, la adjudicación del contrato de obras y la ejecución misma del contrato fueron realizadas conforme al Derecho Administrativo, sin que pueda sostenerse en modo alguno la existencia de posibles indicios de ilícitos penales. En todo caso, no existirían más que posibles errores errores ordinarios y secundarios o cuestiones interpretativas», avanzaban a 'La Verdad' fuentes próximas al aforado, a pesar de que todos los preparativos de la defensa de Sánchez se están llevando con la máxima discreción. Y no porque estimen que es algo que se debe ocultar al conocimiento público, sino fundamentalmente para evitar dar demasiadas pistas a los dos fiscales que llevarán el peso del interrogatorio, José Luis Díaz Manzanera (fiscal superior electo y especialista en Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente) y Juan Pablo Lozano (fiscal Anticorrupción), e impedir así que puedan estar preparados de antemano frente a la estrategia defensiva de Sánchez.

Pese a ello, este periódico ha sabido que el exalcalde de Puerto Lumbreras insistirá en la legalidad de todos sus actos, con argumentos como que el concurso de ideas sobre el Auditorio se ciñó estrictamente a un pliego que, además, no fue anulado; que era perfectamente legal haber optado por un procedimiento negociado; que los honorarios abonados al arquitecto Martín Lejarraga (335.484 euros, considerados «excesivos» por la Intervención General) se calcularon conforme a los baremos orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia; que el plazo de 15 días que se otorgó se adapta a la norma existente; que la supuesta obligación de publicitar el concurso en el Boletín de las Comunidades Europeas es una cuestión «interpretable» y que, de cualquier forma, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia ya avaló la legalidad de todo ese trámite mediante la sentencia dictada el 30 de mayo de 2012. «Una sentencia -recuerdan- que es firme y tiene el valor de cosa juzgada».

Respecto a la adjudicación de las obras a la constructora Ecisa, mediante un concurso que tampoco tuvo publicidad en Europa, se remiten a sentencia del Tribunal Supremo que avala ese tipo de actuaciones en otros casos muy similares, por lo que reducen también la cuestión a un «problema administrativo y además completamente secundario».

Por último, y para explicar el hecho de que supuestamente se recepcionara la obra pese a estar inacabada en un 38%, echarán mano de la existencia de un proyecto modificado, que habrían tenido que acometer como consecuencia de la necesidad de retranquear el edificio nueve metros. Un aspecto en el que se remitirán además a las decisiones adoptadas por la dirección facultativa de la obra, por estimar que es la que tenía los conocimientos técnicos necesarios.

Por supuesto, como ha venido manteniendo desde el primer día en que se abrió una investigación sobre el 'caso Auditorio', Sánchez insistirá en que los seis millones de euros de la subvención, otorgada por la Consejería de Cultura, están íntegramente invertidos en ese inmueble. Y ello a pesar de que la juez de Lorca insistió en que hay 1,8 millones cuyo destino se desconoce.