El dinero de la factura del agua de los murcianos pagó la campaña electoral independentista de CDC

El jugoso montante que supone el recibo del agua que pagan los ciudadanos de la Región de Murcia sirvió presuntamente para financiar el programa político con el que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) reclamaba la independencia de Cataluña en 2012. Así se desprende al menos de la documentación intervenida en la sede del partido de Artur Mas, incluida en el sumario de la llamada 'operación Petrum', cuyo secreto de sumario ha levantado parcialmente el titular del juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

Según los pagos detallados en esa documentación, que ayer reveló 'El Confidencial', Aquagest Región de Murcia (hoy Hidrogea, concesionaria del servicio público de agua en 13 municipios de la Comunidad, entre ellos Murcia, Cartagena y Lorca), financió con 60.000 euros a Convergencia mediante dos donaciones de 40.000 y 20.000 euros. Aquagest, empresa satélite de Aguas de Barcelona (Agbar), una de las principales señaladas en la trama catalana del 3%, realizó el primero de esos pagos (40.000 euros) el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre. El segundo ingreso, de 20.000 euros, se produjo solo dos semanas después, el 5 de diciembre.

También desde Alicante

Asimismo, una segunda mercantil de Alicante, Aquagest Levante, también concesionaria de varios contratos para la gestión del servicio, realizó pagos a CDC. En este caso, más de 80.000 euros en tres donaciones diferentes entre los años 2011 y 2012. Casualmente, Aquagest Levante también donó 40.000 euros a los convergentes el mismo día (y por el mismo importe) que se realizó la donación desde Aquagest Región de Murcia, el 26 de octubre de 2012, con el horizonte inmediato de unas elecciones autonómicas a las que CDC (entonces CiU) se presentó por primera vez con la independencia de Cataluña en el programa.

«Resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, en Cataluña», manifiestan los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil en uno de los informes a los que ha tenido acceso 'El Confidencial'. Además de las concesionarias de Murcia y Alicante, también se recogen pagos de una tercera mercantil asociada a Aguas de Barcelona, Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento, que gestiona el servicio de agua en ayuntamientos de Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras, y tiene sus oficinas centrales en Valladolid.

La investigación de la 'operación Petrum' ha concluido que esos pagos formarían parte de una «argucia» de Aguas de Barcelona para «diseminar las donaciones» que esta sociedad catalana realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña. Los contratos se amañaban supuestamente en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona, pero el dinero salía del recibo del agua que pagaban los ciudadanos de la Región de Murcia y otras provincias de España.

'La Verdad' buscó ayer explicaciones de Hidrogea, aunque nadie en la empresa ofreció una respuesta. Eso sí, un portavoz del Ayuntamiento de Cartagena dijo que se hará un seguimiento «de este y otros procedimientos en los que puedan evidenciarse perjuicios a los cartageneros». Mientras tanto, mantendrá sus gestiones con la empresa para bajar las tarifas y que «el recibo del agua se ajuste al coste real del servicio». El contrato que liga al Ayuntamiento con Hidrogea desde hace un cuarto de siglo caduca en diciembre de este año, pero el anterior gobierno municipal del PP lo prorrogó otros 25 años. El actual alcalde, José López, es partidario de cancelarlo y volver a convocar un nuevo concurso porque «los recibos que pagan los cartageneros están muy por encima de los costes reales del servicio».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal MC, Francisco Calderón, sospecha que estos pagos que se conocieron ayer «son solo la punta del 'iceberg'. Hace años que denunciamos los sobrecostes del servicio y la connivencia del anterior gobierno local (PP) con la concesionaria para mantener esa situación. Esperaremos al resultado de las pesquisas judiciales para recuperar, en su caso, el dinero que se hubiera sustraído a los cartageneros».