La oposición saca adelante en la Asamblea la moratoria urbanística en el Mar Menor

La moratoria urbanística del Mar Menor sale adelante en la Asamblea Regional. El Pleno de la Cámara aprobó este jueves, gracias al apoyo de Podemos y Ciudadanos, la propuesta del PSOE para suspender temporalmente planes urbanísticos en los municipios ribereños mientras se prepara la nueva ley integral para la protección de la laguna salada. Los diputados del PP votaron en contra.

La moción aprobada insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a suspender cautelarmente los desarrollos urbanísticos que afectan "directa e indirectamente" al Mar Menor, con la excepción de las construcciones en los cascos urbanos ya consolidados, así como los proyectos en ejecución. La moratoria estará vigente, según el texto aprobado, mientras no haya una ley integral del Mar Menor que también contemple las directrices de ordenación de su territorio.

La propuesta del PSOE busca ganar un tiempo "que nos permita reflexionar y ordenar los desarrollos" para evitar afecciones al medio natural, según el diputado Antonio Guillamón. En su opinión, la singularidad medioambiental de la laguna hace necesario que la Administración regional y los ayuntamientos ribereños elaboren de manera conjunta un "estudio pormenorizado del suelo que hay que preservar". En especial, los socialistas se oponen a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor, cercanos a La Manga y dentro del término municipal de Cartagena.

Por ello, el PP votó en contra. El diputado Juan Guillamón Álvarez aseguró que ya existen instrumentos legales para preservar el Mar Menor de grandes urbanizaciones que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente y recordó que los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares (gobernados por alcaldes populares) se oponen a dicha moratoria. Por eso ciñó el debate a un problema concreto de Cartagena, que puede resolver su Ayuntamiento con herramientas propias. "Que deniegue las licencias y haga uso de la potestad que tiene. Lo que pasa es que el alcalde y el PSOE no tienen la misma opinión. Que se pongan de acuerdo y resuelvan ellos el problema", pidió Juan Guillamón, La moratoria, añadió, crea inseguridad jurídica que puede costar "mucho dinero" a los ayuntamientos y "45 millones de euros a la Comunidad, porque la estrategia integrada no se pueda ejecutar".

Podemos aprovechó el debate para reprochar al Gobierno regional todos los planes urbanísticos "amparados y tolerados" en el litoral. El diputado Andrés Pedreño recordó que solo el municipio de San Javier ha realizado en los últimos años 72 recalificaciones y recordó los problemas que ha habido con los planeamientos urbanísticos en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, aseguró que en el Mar Menor se ha llegado a una "situación límite que puede llevarnos al peor de los escenarios". Así justificó el apoyo de su partido a la propuesta de congelar las grandes urbanizaciones previstas en esa zona costera. "Mientras no tengamos una ley integral de protección del Mar Menor hay que adoptar planes sectoriales, como esta moratoria. Pero sin perjuicio de los legítimos derechos de los particulares. No puede afectar a los derechos adquiridos y a los proyectos en ejecución. La moratoria debe ajustarse a la legislación vigente", reclamó.