C's aguarda a la imputación formal para exigir la dimisión de Sánchez

La asunción de las diligencias del 'caso Auditorio' por parte del TSJ, que previsiblemente se derivará en el plazo de unos días en la imputación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por cuatro presuntos delitos, generó ayer una oleada de reacciones entre las distintas formaciones políticas de la oposición. Todas ellas coinciden en que el jefe del Ejecutivo murciano no podrá permanecer en el cargo una vez que se formalice esa imputación.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, señaló que el TSJ «ha hecho lo correcto» al asumir el 'caso Auditorio', y que su partido pedirá la dimisión del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, si es llamado a declarar en calidad de investigado.

Miguel Sánchez consideró «una buena noticia» que este asunto esté más cerca de su resolución, debido a que la «estabilidad» y la economía de la Región «no pueden permitirse la incertidumbre» que genera una situación judicial del jefe del Ejecutivo que calificó de «kafkiana».

«No puede ser -apuntó- que tengamos un presidente más pendiente de temas personales y judiciales que del bienestar de los murcianos».

Pero no se limitó a mostrar su «respeto absoluto» por las decisiones judiciales y a emplazar al presidente del Gobierno regional a que colabore con la justicia, «para que «no se dilate mucho este asunto». Además recordó a Sánchez que el acuerdo de investidura firmado por PP y C's es «vinculante» y le compromete a dimitir «si es imputado por corrupción política», ahondando así en el hecho de que el alto cargo popular aseguró que «se marcharía» si era llamado a declarar como investigado. «Deberá cumplir su palabra en ese caso», concluyó.

«Que dejen de interferir»

En una línea similar se pronunció el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, quien afirmó ayer que el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría visto «imputado mucho antes» si no estuviera aforado. El socialista declaró que estaba convencido de que el TSJ asumiría el caso, porque ya dijo que era competente cuando mandó la instrucción al juzgado de Lorca, y remarcó que ahora se abre un «compás de espera» hasta que se den los «siguientes pasos», en alusión a el probable llamamiento para declarar de Sánchez en calidad de imputado.

Sin embargo, mostró su «convicción» de que el caso «seguirá adelante, porque estaría mucho antes imputado si no estuviera aforado». En este sentido, insistió en que estaría en la misma situación judicial que el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que se encuentran imputados desde hace meses.

Finalmente pidió al Consejo de Gobierno que «no interfiera más» en las decisiones judiciales, porque no le corresponde al Ejecutivo murciano «decir que todo se hizo bien» en la tramitación administrativa del Auditorio de Puerto Lumbreras.

«Se le acaba el tiempo»

Óscar Urralburu, portavoz de Podemos, advirtió de que a Pedro Antonio Sánchez «se le acaba el tiempo». El líder de la formación morada instó al jefe del Ejecutivo murciano a «dar la cara» sobre su situación judicial y le recordó que «son muy graves las acusaciones y ha de responder a cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y prevaricación continuada». Una situación que, en palabras de Urralburu, obliga al presidente regional a ser consciente de que la Región «va primero» y que su situación judicial tiene que ir después, alertándole así de que no debe «anteponer sus intereses a los de todos».

Añadió que los murcianos «no se merecen ver al máximo representante de la Región sentado en el banquillo de los acusados; sería una auténtica vergüenza», tras lo que señaló que esta hipotética circunstancia tendría un «coste real para nuestros sectores productivos, como la propia economía regional o el turismo».

«Nuevas elecciones»

La reacción más contundente surgió ayer de la formación IU-V de Murcia, que directamente reclamó la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de nuevas elecciones; algo que hizo nada más conocerse el auto del TSJ que determina que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, será investigado por cuatro presuntos delitos.

En un comunicado, los coordinadores regionales de la formación, José Luis Álvarez-Castellanos y Candi Marín, calificaron de «inevitable el decreto de disolución de la Asamblea con la consiguiente convocatoria de nuevas elecciones autonómicas», que constituyen «la única salida democrática de la crisis política generada» por la resolución.

«Exigir a Sánchez que dimita, cuestión deseable, es poco menos que predicar en el desierto, a tenor de su enroque», advirtieron, por lo que reclamaron a Ciudadanos que haga cumplir el pacto de investidura que lo hizo presidente. Un acuerdo que recogía que deberían dimitir los investigados por delitos de corrupción, como la prevaricación urbanística por la que se instruyen las diligencias del 'caso Auditorio'.

Para IU-V, «no sería democrático contemplar la mera sustitución como presidente de Pedro Antonio Sánchez por otro candidato de ocasión», también sacado de las filas del PP, en lo que afirmaron que sería un «cambio de cromos, sin dar voz al conjunto de los ciudadanos para que se pronuncien en las urnas, ahora con una nueva norma, después de once legislaturas contaminadas democráticamente por la anterior ley electoral».