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Javier Pérez Parra
Jueves, 12 de enero 2017, 01:00
La cúpula al completo de Satse en la Región está afiliada al Colegio de Enfermería de Madrid pese a que los dirigentes del sindicato ni ejercen ni residen en la capital de España. 'La Verdad' ha podido confirmar la colegiación en Madrid del secretario general de Satse, José Antonio Blaya; del vicesecretario general, Jesús Carrillo; del secretario de Acción Sindical, Luis Esparza, y del delegado en La Arrixaca, Juan Antonio Garrigós. En la misma situación se encuentran al menos otros tres delegados de Satse: Aurelio Marín Fajardo, Isabel Martínez y Andrés Martín. En total, siete sindicalistas murcianos que en lugar de colegiarse en la Región forman parte de la institución madrileña.
Una peculiar situación que coincide con el hecho de que la actual junta directiva del Colegio de Enfermería de Madrid (Codem) está formada por dirigentes próximos a Satse, empezando por su presidente, Jorge Andrada, exsecretario de Organización nacional del sindicato. La afinidad entre la cúpula murciana de Satse y la directiva del Colegio madrileño contrasta con el sordo enfrentamiento que el sindicato mantiene con el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia (Coerm), presidido por Amelia Corominas.
El líder de Satse en la Región, José Antonio Blaya, admitió ayer a 'La Verdad' su colegiación en Madrid, situación que justificó porque «las cuotas son más baratas, al año nos ahorramos unos cien euros». Blaya aseguró que son «muchos» los sindicalistas murcianos de Satse afiliados en Madrid porque «hay más servicios» tanto para los colegiados como para sus familias e hijos, «por ejemplo invitaciones para el circo».
La Ley de Colegios Profesionales establece que los enfermeros se colagiarán en aquella comunidad donde se encuentre el «domicilio profesional único o principal», como recuerda el propio Colegio de Madrid en su página web. Sin embargo, Blaya defiende la legalidad de su colegiación y señala que al no ejercer la profesión -está liberado como secretario general de Satse- no tiene en realidad obligación de ser miembro de ningún Colegio, ni de estar afiliado al de un territorio determinado. También el secretario de Organización, Luis Esparza, niega cualquier incumplimiento de la normativa.
Un periodo convulso
El Colegio de Enfermería de Madrid vive un momento especialmente convulso, después de que la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) impugnase las «elecciones fantasma» a la junta de gobierno celebradas en primavera del año pasado. AME, integrada en la 'marea blanca', denunció que los comicios se llevaron a cabo sin que constase convocatoria pública, y sin que se aclarase ni el número de colegiados que votaron ni las candidaturas presentadas. De esas polémicas elecciones surgió una junta directiva presidida por Jorge Andrada, quien convocó una no menos polémica asamblea general en diciembre para cambiar los estatutos y eliminar el voto directo de los colegiados en las juntas generales.
La propuesta desató la indignación de AME, pero cuando 200 enfermeros críticos acudieron a la asamblea, el día 20 en el Cine Capitol de Madrid, se encontraron con cerca de 400 colegiados que votaron favorablemente al cambio de estatutos. Entre estos votantes afines a Andrada se encontraban dirigentes murcianos de Satse. Tanto José Antonio Blaya como Luis Esparza admitieron ayer a este periódico su participación en la asamblea. El cambio aprobado deja sin voto directo a los colegiados madrileños: tendrán que delegar en compromisarios.
Alineado con la directiva del Colegio de Madrid y con los afines a Satse se encuentra el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, quien al tiempo que apoya la eliminación del voto directo en las asambleas de Madrid intenta expulsar a la junta directiva del Colegio de Enfermería de Murcia, que preside Amelia Corominas, por supuestas irregularidades en la convocatoria de elecciones, el año pasado.
En una nueva circular enviada el pasado lunes, el Consejo General insta a Corominas y a su directiva a disolverse y a dejar paso a una junta de edad, como ya dictaminó en 2016. El Consejo acusa a la directiva murciana de haber convocado elecciones «en Semana Santa», con un plazo de presentación de candidaturas que «incluía en su práctica totalidad festivos, fines de semana y puentes». El Colegio niega estas acusaciones y asegura que la convocatoria se hizo conforme a los estatutos, publicitándose en la web y en la sede de la institución. Corominas y su equipo han solicitado al TSJ de Madrid la suspensión cautelar de la medida adoptada por el Consejo General. La Justicia ha rechazado la petición, y el Colegio ha recurrido.
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