Los robos de sumarios de casos de corrupción ya casi son un clásico

Los robos de sumarios vinculados a casos de corrupción casi se han convertido en un clásico en los juzgados españoles. Son infinidad los contratiempos de ese tipo que se han venido registrando desde hace décadas. Baste señalar que ya en el caso del crimen de los Marqueses de Urquijo, cometido en 1980, alguien hizo desaparecer 256 casquillos de bala y una pistola del juzgado instructor.

Años después, un hombre vinculado a José María Ruiz Mateos fue sorprendido escondido dentro de un armario del Tribunal Supremo, con la aparente intención de apoderarse de la causa contra su jefe. Si el intento falló fue por una simple casualidad: en pleno mes de agosto, la secretaria de causas especiales del Alto Tribunal, Herminia Palencia, había trasladado los principales documentos a su despacho para hacer unas revisiones.

También al juez Garzón le robaron unas notas de su despacho con la aparente voluntad de 'cortocircuitar' la investigación contra el traficante de armas Monzer al Kassar. El delincuente tuvo incluso la desfachatez de firmar el robo; se hizo llamar 'El duende del portón'.

No menos llamativa fue la sustracción del borrador de la sentencia contra Juan Guerra el 17 de diciembre de 1992, que obligó al magistrado de Sevilla Conrado Gallardo a adelantar la lectura del fallo.

Un juicio que hubo que retrasar por otro incidente similar fue el del exalcalde de Porriño (Orense), José Manuel Barros, quien estaba acusado en un caso de supuestas lesiones psíquicas, trato degradante, acoso sexual, prevaricación y amenazas de los que le acusaba una funcionaria municipal. También robaron todo el sumario en el Juzgado de Instrucción número 1 de Porriño.

Otra desaparición relevante fue la de cuatro tomos del sumario contra el financiero Jacques Hachuel por delitos fiscales. Fueron robados del juzgado y el juicio tuvo que ser aplazado.

Igualmente, de manera más reciente, se registró un asalto al despacho de los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egoceaga y Manuel Fernández, que llevan la acusación pública en el caso de los ERE fraudulentos.

Y en los Juzgados de Arrecife y en la Fiscalía de esa localidad canaria desaparecieron sin dejar rastro al menos 21 autos originales de la instrucción. La secretaria del Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna afirmó que se habían extraviado «por causas absolutamente desconocidas e inexplicables».