La juez del 'caso Auditorio' ordena nueve pruebas para acabar la instrucción

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, ha ordenado una serie de nuevas diligencias con las que, según fuentes conocedoras de la investigación sobre el 'caso Auditorio', se dispone prácticamente a poner fin a esta investigación judicial. La instrucción, que puso en marcha hace algo más de un año por orden de la Sala de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), está prácticamente concluida y solo quedan por practicar algunas pruebas complementarias, siempre según esas mismas fuentes.

En una providencia de la que ayer tuvieron conocimiento las distintas partes del procedimiento, la magistrada ordena que vuelvan a comparecer la interventora del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Francisca Romera, y quien desempeñó el papel de secretaria accidental, Caridad García Vidal, ambas en calidad de imputadas. Estas funcionarias ya prestaron declaración meses atrás, pero se ha considerado necesario volverlas a interrogar ante el surgimiento de nuevos datos que no han sido aclarados.

De igual modo, la instructora requiere al Consistorio lumbrerense para que entregue copia de todos los movimientos que registró una cuenta bancaria municipal, entre los meses de enero de 2007 y octubre de 2009. También le pide que enumere todas las facturas emitidas con motivo de la construcción del Auditorio y Palacio de Congresos de esa localidad, que fueron satisfechas con cargo a las medidas de apoyo a emprendedores y de estímulo del crecimiento económico y la creación de empleo, con el objetivo de comprobar si se utilizaron para abonar honorarios de la dirección del proyecto o para hacer pagos a la constructora.

En concreto, reclama información del abono de unos honorarios al arquitecto Martín Lejarraga por importe de 32.396 euros, así como de otras cinco facturas concretas cuyo concepto no especifica.

Centro de Arte Joven

Igualmente ordena que se le entregue un informe sobre las cantidades abonadas con motivo de la subvención al proyecto Centro de Arte Joven (CAJ) y en qué cuenta bancaria se ingresaron esas cantidades, así como copia de las certificaciones emitidas, las facturas presentadas y las cantidades satisfechas en relación con esa iniciativa cultural.

Por último, pide toda la documentación relativa al pago de 2,2 millones de euros por una certificación de obra realizada en el Auditorio.

Una vez practicadas estas diligencias, la juez podría determinar si existen o no indicios suficientes para remitir el asunto al TSJ y que sean sus magistrados quienes decidan si procede imputar al exalcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez.