Las obras de Cerro Colorado comprometen a la directora del Agua por supuesto favoritismo

Detrás de las obras de Cerro Colorado, de las tuberías para llevar agua desde la desaladora de Águilas hasta los campos de Lorca, se ocultó un entramado de intereses entre varios contratista s y altos cargos del Ministerio de Agricultura y de Acuamed para conseguir un trato presuntamente favorable en el proceso de adjudicación de las obras de emergencia. La investigación de la UCO y las grabaciones ponen al descubierto cómo fueron apartados de sus cargos los técnicos que no se plegaron a las instrucciones emanadas desde la cúpula de Acuamed; adjudicaciones supuestamente amañadas a costa de las arcas públicas para aumentar el beneficio de algunas constructoras; y conversaciones que comprometen a la actual directora general del Agua, Liana Ardiles. Presuntamente, esta habría prometido determinadas obras a Nicolás Steegmann, propietario de la empresa Altec, ahora llamada Altyum, y que fue uno de los principales nexos de unión en la trama del agua.

Ardiles fue mencionada con insistencia en numerosas conservaciones como una de las personas -junto a otros directivos de Acuamed- que habría prometido a Steegmann darle las obras de emergencia, dentro de un paquete valorado en 20 millones de euros. La directora general del Agua es vocal de Acuamed y ostenta la vicepresidencia de la sociedad estatal. Por su manos pasan todas las decisiones relacionadas con los problemas del agua que arrastra la cuenca del Segura y está al mando de las confederaciones hidrográficas y de las sociedades estatales. El escándalo le costó el cargo al anterior secretario de Estado, Federico Ramos, mientras que Ardiles sigue en su puesto. Protege al presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, frente a las peticiones de dimisión de los regantes y a las malas relaciones con la Consejería de Agricultura.

Utilizaron el decreto de sequía

Un sinfín de presiones en las altas esferas del agua

Precios presuntamente amañados con la compra de los tubos, e ingeniería contable para disfrazar los sobrecostes a la hora de realizar las liquidaciones completan este cuadro, según el sumario al que ha tenido acceso 'La Verdad'.

Nicolás Steegmann fue detenido en enero junto a la anterior cúpula de Acuamed en el desarrollo de la 'Operación Frontino' y quedó libre en abril tras depositar una fianza de 600.000 euros. Maniobró durante el verano del año pasado para hacerse con las obras de emergencia, que consistían en las canalizaciones pendientes para llevar el agua a los campos de Lorca. Altec, la cual presidía, ejecutó la primera fase, y quiso hacerse con la segunda.

No tuvieron escrúpulos para 'subirse' al decreto de sequía que declaró las obras de emergencia, y de aprovecharse de las reivindicaciones de los regantes, quienes reclamaban agua de la desaladora de Águilas lo antes posible. Las grabaciones muestran un rosario de presiones, gracias a las estrechas relaciones que mantenía con directivos de Acuamed y del Ministerio, hasta conseguir uno de los lotes por 4,6 millones de euros, en connivencia con otra empresa.

Los técnicos represaliados

El Ministerio no quiso inaugurar las obras

Ahora se entiende por qué días antes de Semana Santa no hubo acto oficial de inauguración de las polémicas canalizaciones de Cerro Colorado. En esas fechas el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, y los otros implicados se encontraban en prisión tras estallar la operación policial en enero. No hubo nada que celebrar, y sí mucho que callar por parte del Ministerio. En ese momento, la lupa de la Fiscalía y del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, ya estaba puesta sobre Cerro Colorado; al igual que la descontaminación del embalse de Flix y los sobrecostes de la desaladora de Torrevieja.

La fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán González, informó en octubre del año pasado, en plena investigación de la trama, de que los datos hasta ese momento «refuerzan las denuncias de Francisco Valiente y Gracia Ballesteros», los dos directivos de Acuamed que fueron represaliados. «De las conversaciones, correos y archivos estudiados se recogen datos que abundan en la verosimilitud de las denuncias sobre el modo de proceder en los procesos de liquidación de los contratos, mediante el empleo de maniobras orientadas a lograr que en esas liquidaciones finales aún pendientes de aprobar se introduzcan partidas o conceptos ficticios que favorezcan al contratista».

El Ministerio Fiscal añadió que «el dato de mayor relieve que se extrae de las intervenciones en lo relativo al contrato Cerro Colorado se centra en los esfuerzos para lograr que Nicolás Steegmann sea beneficiado en este contrato y en la adjudicación de una obra de emergencia». La investigación policial reveló, según la Fiscalía, la existencia de posibles mecanismos de fraude por parte de los individuos que dirigen la sociedad pública. Dijo que los hechos podían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y falsedad documental.

Supuesto trato de favor

Anchoas para un consejero de Acuamed

En las grabaciones sale hasta el apuntador. La investigación policial señala que Nicolás Steegmann, que tenía estrechas relaciones con los directivos de la sociedad estatal, movió sus influencias para hacerse con el contrato de emergencia de la conducción de 11 kilómetros pendiente de construir por 20 millones de euros. La obra fue encomendada a la Confederación del Segura, de ahí que Steegmann trató supuestamente de presionar al organismo de cuenca a través de Acuamed, haciendo además uso de los contactos que tenía dentro de la CHS.

Previamente, Acuamed adjudicó en mayo de 2013 a la empresa Altec, presidida por Steegmann, la construcción de la primera fase, de 10 kilómetros por un total de 9,1 millones de euros. De aquí que el contratista intentara ejecutar la siguiente etapa. Para entonces aún estaban pendiente la liquidación de la primera fase, que es otro episodio investigado y que incluye el sobreprecio de las tuberías.

Los contratos de emergencia no están sometidos a regulación, en tanto que no existe la obligación de tramitar expediente de contratación. Se pueden hacer incluso de forma verbal. No obstante, la costumbre ha hecho que se realice una subasta entre un grupo de empresas 'invitadas', y ahí es donde quería entrar Steegmann. Son abundantes las conversaciones del contratista con Daniel Sanz Jiménez, que es considerado el «impulsor» para que Altyum fuera una de las empresas invitadas por la CHS. Sanz es consejero de Acuamed, en tanto que pertenece a la Dirección General del Agua del Ministerio. En varias ocasiones, entre mayo y julio del año pasado, el contratista le dijo que le tenía que llevar unas anchoas, a lo que Sanz le contestó que estaban muy ricas.

El 6 de julio, Steegmann le comunicó a Daniel Sanz que «los de Murcia» -refiriéndose a la CHS- no le habían metido en la lista, pese a que había sido invitado a las obras por parte de la jefa del Servicio de Contratación de la Secretaría General de la CHS, María del Carmen Fernández Conejero. Sanz le contestó que no tenía conocimiento de dicha lista y que esperaba que se la enviaran. Steegmann le recordó que la decisión pasaba «sí o sí» por el consejero de Acuamed. «Sin duda», le replicó el propio Sanz.

Dos días después, el contratista expresó a Sanz su «disgusto tremendo» porque habían metido en la lista a las empresas a Ciopsa y a OHL. Sanz le comentó que en el Segura no querían ni ver a Steegmann y a su empresa. El contratista recurrió a otro directivo de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, que fue gerente de contratación, para quejarse de que el propio Sanz y Liana Ardiles le habían prometido que lo iban «a meter en las obras de emergencia del tubo».

Se llevaron un trozo del pastel

Una «UTE encubierta» y el reparto del contrato

El contratista consiguió finalmente uno de los cuatro lotes de las obras, por valor de 4,6 millones de euros, a través de una operación con otra empresa. Altyum firmó un contrato privado con la mercantil Avance y Desarrollo de Obras, en la que figuraba como apoderado Juan Carlos Gibert, según aparece en el sumario. En la investigación policial se relata que «las empresas que son invitadas a las obras de emergencia de la Confederación Hidrográfica del Segura se ponen de acuerdo para repartirse los lotes de adjudicación de la obra y así disminuir la baja de las ofertas y aumentar de este modo el beneficio».

Los investigadores sospechan que se constituyó una «UTE encubierta», con el añadido de que había instrucciones para comprar la tubería a la empresa Noksel de Lorca, con cuyos directivos se había reunido previamente el propio Steegmann.

El lote de obras que manejó la CHS no era nada despreciable para los tiempos que corren. Se trataba de un paquete de 30 millones de euros que estaban pendientes de que se firmara el decreto de sequía.