El interventor pidió abrir un expediente de responsabilidad contable por la desaladora

No se atendió de forma adecuada al interés público. El interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, propuso al consejero de Hacienda la apertura de un expediente de responsabilidad contable por los posibles perjuicios causados al erario público con la desaladora de Escombreras. Indicó en septiembre que había que designar a un instructor que practique las diligencias necesarias, para comunicar después al Tribunal de Cuentas el alcance de los posibles perjuicios.

'La Verdad' ha tenido acceso a esta comunicación de Garro al consejero Andrés Carrillo, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas que ha puesto el foco sobre los responsables del Ente Público del Agua (EPA), cuyo Consejo de Administración pudo haber incurrido en responsabilidades contables cuando dio el visto bueno a la compra de las acciones de la Desaladora de Escombreras entre los años 2006 y 2010, lo cual obligó a las arcas públicas a asumir unos compromiso financieros durante veinte años por las obligaciones contractuales derivadas del contrato de arrendamiento. Ese montante era de 445,5 millones de euros, al que había que sumar otros 72 millones ya desembolsados, más el pago de las acciones y la restitución de los desequilibrios patrimoniales. Todo por valor de 535 millones de euros, al menos.

Así viene recogido en un informe especial que realizó el 31 de julio pasado la División de Intervención y Fiscalización de la Comunidad, por encargo del interventor general, que señaló la existencia de indicios suficientes de responsabilidad contable, algunos en la modalidad de alcance de fondos públicos.

En septiembre pasado, el Ejecutivo autonómico decidió remitir toda la documentación al Tribunal de Cuentas para que determinara las responsabilidades contables, incluyendo ese informe especial que, llevado hasta las última consecuencias, puede afectar a miembros del gobierno de Ramón Luis Valcárcel que fue quien impulsó el proyecto, y en especial al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que presidió el Consejo de Administración del Ente Público del Agua. El mero envío de la documentación al Tribunal de Cuentas daba a entender que había materia, como ahora se ha visto.

Los responsables del EPA

Cuando se constituyó en noviembre de 2005, este órgano estaba integrado además por Juan José Beltrán (secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda); el gerente Amalio Garrido; y los vocales, que eran directores generales de la Comunidad: Diego Cola ( Administración Local), Antonio Alvarado ( Calidad Ambiental), Diego Pardo (Obras Públicas), y José Manuel Ferrer (Turismo). El entonces alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, estaba en representación de la Federación de Municipios. La secretaria era María Antonieta Fernández Cano, que se vio implicada después en el 'caso Novo Carthago'. La compra de las acciones no pasó por el Consejo de Gobierno, sino que fue tomada por el EPA y ratificada después por los miembros del Consejo de Administración, según las actas de varias reuniones.

La División de Intervención basa la posible responsabilidad contable en las dos operaciones de compra de las acciones de la Desaladora de Escombreras (entonces propiedad de ACS) por parte de la empresa instrumental Hidronostrum. También aprecia indicios en la operación patrimonial que concluyó con el subarriendo de la parcela del Valle de Escombreras en la que se construyó la desaladora. Apunta la Intervención que el precio señalado en el contrato fue interior al de mercado, sin que existiera ningún estudio que soportase dicha valoración.

En la compra de acciones, el informe especial indica que «la asunción de las obligaciones contractuales resultaron difícilmente conciliables con las que habría de haberse seguido en el seno de un procedimiento regido por la búsqueda de la más adecuada satisfacción del interés público». Hidronostrum compró en 2006 el 51% de las acciones, y antes del año 2010 el resto, pese a que podía hacerlo hasta el 2034. El autor del informe se extraña del contrato «desproporcionado» que asumió el EPA al adquirir las acciones de la desaladora.

Alegan los administradores

Los administradores mancomunados de la sociedad pública Desaladorade Escombreras, José Manuel Ferrer y el abogado Andrés Arnaldos Cascales, contestaron en enero que «carecía de sentido» estipular una cantidad sobre el subarriendo de la parcela porque el importe sería repercutido a la desaladora. Sobre la compra de acciones, indicaron que fue legal, y que se adelantó el calendario para adquirir el cien por cien de las acciones porque era una operación que estaba previamente acordada en 2006. Esa compra obligó a la Comunidad a asumir el contrato leonino con Cobra-ACS.