El Supremo vuelve a imputar a Pilar Barreiro por el 'caso Novo Carthago'

La pesadilla del 'caso Novo Carthago' sigue sin disiparse para Pilar Barreiro. La actual senadora y exdiputada y exalcaldesa de Cartagena por el PP vuelve a estar imputada por la supuesta recalificación ilegal de una gran extensión de terrenos junto a la laguna del Mar Menor, en los que estaba previsto construir unas 10.000 viviendas, dos hoteles, centro de convenciones y campo de golf. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por la acusación popular en este asunto, ejercida por Izquierda Unida y los concejales del PSOE en Cartagena Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, y ha revocado el auto de sobreseimiento libre que un magistrado de ese mismo tribunal, José Ramón Soriano, dictó el pasado octubre.

Con el auto notificado ayer a las distintas partes del proceso, Pilar Barreiro vuelve a estar formalmente imputada en estas diligencias, que se retrotraen ahora al momento previo al auto de archivo. La Sala ordena además a su propio compañero, el instructor Soriano, que proceda a valorar la documentación que presentó la acusación popular y analice los argumentos que esgrimió esa parte para exigir responsabilidades penales a la política popular.

No razona la resolución

El razonamiento de la Sala Segunda se caracteriza por su parquedad, ya que se limita a reproducir las alegaciones que efectuó la acusación popular, representada por el abogado Vicente Pérez Avilés. Este había planteado que se había producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el auto de archivo había sido dictado sin llegar siquiera a valorar las pruebas que esa parte había planteado.

De hecho, lo que hizo el magistrado Soriano en su día fue aceptar la personación de IU y los dos ediles socialistas, después de que el pasado mayo abonaran una fianza de 3.000 euros, y seguidamente les hizo saber que ya solo tenían derecho a saber que el asunto estaba archivado, pues así lo había decidido apenas unos días antes. Y ello a pesar de que IU y los concejales socialistas habían expresado cuatro meses antes su intención de personarse, pero el juez no les permitió conocer del asunto hasta que hicieron efectiva la fianza. Momento para el cual ya había sobreseído las actuaciones.

El magistrado Soriano volvió a ratificarse en octubre en su posición, lo que hizo que la acusación popular recurriera ante la Sala, denunciando indefensión y argumentando que «no puede quedar supeditada la posición procesal de parte a la determinación de una fianza que es meramente instrumental».

En virtud de esa posición, la acusación señalaba que los escritos que presentó esa parte, después de que en febrero ya anunciara formalmente su voluntad de personarse, debieron ser valorados por el instructor, de quien además afirmaba que tendría que haberles notificado sus resoluciones para actuar como consideraran oportuno.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal, constituida por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín y Luciano Varela Castro, no ofrece argumento alguno que explique por qué la acusación popular merece que se acepte su recurso, como tampoco indica las causas de que deba ser revocado el archivo que dictó su compañero Soriano. Se limita a señalar que procede estimar el recurso y a indicar al instructor que entre a analizar la documentación presentada por IU y los ediles socialistas y a valorar los argumentos que plantearon.

Entre las pruebas propuestas por el letrado Pérez Avilés destacan un nuevo interrogatorio de Barreiro, otra vez como imputada, y que sea sometida a un careo con el exedil de Urbanismo Agustín Guillén. Asimismo reclama que se tome declaración a Guillén, en calidad de investigado (imputado) y la toma de manifestación como testigo al exedil del PSOE Juan Luis Martínez, quien sufrió presuntas «presiones» para apoyar en el Pleno la recalificación de 'Novo Carthago' y decidió no votar.

Aunque la investigación de este supuesto caso de corrupción se lleva en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en el que están imputados los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, la pieza relativa a Barreiro fue remitida al Supremo en los primeros días de 2015, ya que en ese momento, por su condición de diputada nacional, tenía un fuero especial. Ahora, como senadora, sigue disfrutando de esas prerrogativas.

Uno de los letrados de la política del PP, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, restó ayer importancia a la reapertura de diligencias y señaló que «solo supone que se retrotraigan las actuaciones para valorar las pruebas propuestas por IU», pero se mostró convencido de que el asunto se volverá a archivar.

El alcalde de Cartagena, José López, aseguró que la resolución «abre una vía de esperanza y permite creer que se hará justicia en este asunto, y de paso en otros muchos en los que la sombra de Barreiro y Alonso es muy alargada».