El fiscal pide 17 años de prisión a Fenoll por la pieza principal del 'caso Brugal'

Las supuestas maniobras ilegales de todo tipo en las que habría incurrido el empresario de Abanilla Ángel Fenoll, con el fin de garantizarse la adjudicación de una millonaria contrata de basuras en la Vega Baja del Segura, le han valido verse acusado de los delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude y prevaricación, por los cuales la Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar que sea condenado a 17 años de prisión, entre otras penas.

La calificación provisional del Ministerio Público, referida a la pieza principal del 'caso Brugal', fue notificada ayer a las distintas partes del proceso por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, que coordina esta investigación desde hace cinco años.

El relato del fiscal arranca a principios del año 2007, cuando Ángel Fenoll, quien en esa fecha ejercía el máximo control sobre la mercantil Proambiente, presentó una oferta -en una unión temporal de empresas (UTE) con Cyes y Sufi- para la adjudicación del denominado 'Concurso del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII'. Un contrato dependiente de la Diputación Provincial de Alicante y que iba a decidir qué empresas se garantizarían la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de 27 municipios a lo largo de dos décadas.

Desde el mismo momento del anuncio de la licitación, según el fiscal, Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, habrían iniciado «una incesante actividad tendente a asegurarse la adjudicación, mediante una serie de actividades irregulares y fuera de los cauces legales». Para ello habrían articulado una red de colaboradores, entre los que se encontrarían el empresario alicantino de la automoción Rafael Gregory, muy vinculado por razones de amistad al en ese momento presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; el ex secretario general de la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Vicente Pedro Gomis, y el entonces portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós.

Gregory y Gomis se habrían asegurado una importante contraprestación económica, en virtud de sus gestiones, si Proambiente lograba adjudicarse el concurso: un euro por tonelada de basura tratada. De ahí que hubieran comenzado supuestamente a tratar de influir en el proceso de adjudicación, fundamentalmente a través de José Joaquín Ripoll, a quien el empresario de las basuras habría llegado a garantizar dos viviendas por un valor aproximado de un millón de euros si su oferta resultaba vencedora.

Sin embargo, todo se complicó cuando los presuntos participantes en la trama tuvieron conocimiento de que el informe de la Comisión Técnica del Consorcio iba a apostar por otra de las ofertas, la representada por Cespa y el empresario alicantino Enrique Ortiz, lo que llegó incluso a motivar que paralizaran la tramitación del concurso sin aparente motivo.

Esa situación habría dado origen a una nueva estrategia, que habría consistido, según el Ministerio Público, en contactos de los intermediarios de Fenoll con Enrique Ortiz, con el fin de tratar de llegar a un acuerdo para repartirse el negocio y que todos resultaran beneficiados. Y todo ello, además, con la presunta aquiescencia del presidente de la Diputación de Alicante.

El acuerdo entre los empresarios consistiría en que la UTE Cespa-Ortiz sería la que se adjudicaría finalmente el contrato de las basuras en la Vega Baja, pero a cambio de comprometerse a adquirir unos terrenos que Fenoll había comprado en la pedanía oriolana de Torremendo -la finca Las Pistolas-, que era donde el dueño de Proambiente había propuesto instalar su planta de tratamiento de residuos.

Todos ellos salían ganando

Fenoll habría aprovechado la situación para pedir un precio muy elevado por esa finca, aunque según el plan presuntamente trazado nadie iba a resultar perdedor, ya que Cespa-Ortiz acabaría repercutiendo el sobrecoste de los terrenos a los 27 municipios, a través de un aumento de los cánones por la recogida y gestión de las basuras. Todos iban a ganar, en apariencia, menos los ciudadanos.

El acuerdo acabó rompiéndose, sin embargo, ya que Ortiz habría incumplido sus compromisos de pago y, en último término, habría conseguido atraer hacia sus intereses al presidente de la Diputación, a quien habría invitado a disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla a bordo de su yate y, más tarde, a disfrutar de varios viajes en el mismo barco a las Baleares.

El fiscal reclama 17 años de cárcel para Ángel Fenoll por los delitos antes mencionados, mientras que para su hijo solicita una pena global de 8 años y 9 meses de prisión. Para Ripoll pide 16 años por cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.