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Jorge García Badía
Sábado, 2 de enero 2016, 00:31
Ha sido 'desahuciado' sin llegar a poder estrenar el piso. No ha puesto ni un solo pie. José R. ejerce profesionalmente como letrado, pero no puede evitar afirmar con amargura que «he perdido la fe en la Justicia. Soy demasiado civilizado, de lo contrario ya me habría quemado a lo bonzo». Tal afirmación es fruto de la batalla que está protagonizando en los juzgados para poder acceder al inmueble que adquirió a través de una subasta pública, abonando 123.208 euros, hace seis largos años. «Dinero tirado a la basura».
El propietario del piso era un empresario del sector hostelero que mantenía deudas con acreedores y no podía hacer frente a sus obligaciones con Bankia. De forma que la entidad bancaria llevó a cabo el procedimiento de ejecución hipotecaria y subastó el inmueble. «Me presenté a la puja porque cometí el error de casarme sin tener una vivienda y en esos años el mercado inmobiliario todavía estaba imposible».
En este punto de la historia aparece el otro afectado de la subasta: «Todos los ahorros de la vida laboral de mi padre están metidos en ese piso, él me prestó el dinero». El inmueble estaba situado en el Paseo Científico Gabriel Ciscar, en el murciano barrio de La Flota, contaba con tres habitaciones, garaje... «Por aquel entonces, el piso tenía un buen precio».
El 29 de junio de 2009 se hizo con la puja después de abonar una fianza y el resto del dinero lo pagó dentro del plazo legalmente establecido. Solo quedaba que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Murcia ordenase la cancelación de la hipoteca. Sin embargo, el hostelero moroso recurrió la subasta y «no se llevó a cabo el auto de adjudicación para inscribir el piso a mi nombre en el Registro de la Propiedad».
Este letrado llegó a presentar siete escritos reclamando al juzgado dicho auto, pero la respuesta de la secretaria judicial siempre era la misma: «En su momento se proveerá». Fue el inicio de la batalla judicial contra el antiguo propietario del inmueble. «Si lo llego a saber, mi hijo no se mete en este berenjenal», se lamenta Francisco, padre del abogado. No habla en vano, ya que en diciembre de 2009 el asunto se lió todavía más: un acreedor del hostelero también reclamó la nulidad de la subasta para cobrar sus deudas con el piso.
Viviendo de 'okupa'
Se trataba de una empresa inmobiliaria, que logró que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia volviese a subastar públicamente el inmueble por el que meses antes José R. pagó 123.208 euros. «Todo el mundo peleaba por mi casa», recuerda este letrado. Esta segunda subasta le obligó a volver a pleitear porque la citada empresa se adjudicó el piso en la puja.
Esta nueva batalla judicial se saldó con un auto que anuló la adjudicación a la inmobiliaria y reconoció «el abuso» cometido. Sin embargo, José R. seguía sin poder acceder a su piso de La Flota porque la mujer del hostelero vivía de 'okupa' y tuvo que iniciar un proceso de desahucio contra ella. Así lo recoge la documentación obrante en la causa, en la que denuncia que la mujer está «habitando injustamente el inmueble, sin satisfacer crédito ni renta alguna por ello».
De un juzgado a otro
Cada vez que el juzgado fija una fecha para el lanzamiento, la mujer lo recurre. Entre otros argumentos, ha esgrimido una discapacidad del 33% y el desahucio no se ejecuta porque los recursos han convertido el proceso en un bucle judicial. «Fueron recurriendo cada uno de los papeles que salieron del juzgado, consiguiendo llegar hasta el Tribunal Supremo, con múltiples idas y vueltas a la Audiencia Provincial (...)». «Pretende la condenada vivir exclusivamente a costa de la ruina de mi mandante (...)». De hecho, José R. tiene que soportar el coste del litigio y pagar un piso de alquiler (500 euros) en El Ranero. «Mi mujer y mi hija están desesperadas».
Su padre también reconoce sentirse «desesperado» porque solo le queda su pensión. Además, la justicia desestimó su petición de recuperar los 123.000 euros y la Audiencia Provincial, en 2012, tampoco le permitió renunciar al piso. En la actualidad, está pendiente de resolverse un nuevo lanzamiento contra la 'okupa'. El letrado resume su historia en tres palabras: «Es un drama».
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