La comisión de Escombreras ve útil la desaladora si abarata su producción

Los diputados regionales que componen la comisión especial de investigación de la desalinizadora de Escombreras comprobaron ayer que esa infraestructura promovida hace nueve años por el Ente Público del Agua de la Región de Murcia funciona bien aunque a la mitad de su capacidad. Cuarenta y un días después de ser constituido, ese grupo de trabajo inició sus actividades con una visita a la planta ubicada en el puerto de Escombreras. Sus miembros querían conocer las instalaciones y cómo funciona antes de iniciar el estudio pormenorizado del expediente administrativo de este proyecto, así como de la documentación requerida a organismos, instituciones y empresas que participaron en su puesta en marcha.

La visita duró una hora y media. Al frente del grupo iba su presidente, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y un letrado de la Cámara, Joaquín Rocamora. De los nueve diputados que la componen solo faltó el popular Domingo Segado, que estaba en la reunión de la Mesa.

El gerente de la planta, José Manuel Ferrer, y su director técnico, Cirilo García, guiaron el recorrido y respondieron a las preguntas de los políticos, orientadas principalmente a cuestiones relacionadas con la producción y los costes. Los más activos fueron el popular Juan Guillamón y Antonio Urbina, de Podemos.

Los diputados anotaron un dato relevante: el coste del metro cúbico de agua desalada, que es 0,53 euros, podría bajar hasta los 10 céntimos si se reducen la factura de la energía eléctrica necesaria en la producción y otros gastos secundarios, según pudo conocer 'La Verdad'. Las sesiones de trabajo de las comisiones especiales de investigación están declaradas secretas por el reglamento de la Asamblea.

Jesús Cano, del PP, puso esta visita como «prueba de transparencia y de que no hay nada que esconder». Pero auguró que apenas tendrá eficacia porque el «tripartito» -en alusión a PSOE, Podemos y Ciudadanos- ya tiene «escrita la sentencia» condenatoria antes de comenzar a investigar.

Urbina lamentó «la falta de respeto» de los populares a la Asamblea porque hablan de transparencia «cuando fue el propio PP quien impuso el secreto en las deliberaciones». Aun así, el diputado de Podemos sacó conclusiones positivas de la visita: «Es una muy buena instalación, que puede generar agua a un precio asequible para los agricultores. Pero está lastrada por la maraña jurídico financiera que la comisión debe aclarar».

Falta documentación

Miguel Sánchez también destacó que cuarenta días después de la constitución de la comisión de investigación aún no han recibido toda la documentación que demandaron del proyecto. Administraciones, organismos públicos, entes y empresas que intervinieron en la construcción tenían un mes para contestar. El líder de Ciudadanos confía en cerrar esa fase esta semana y después dará otros siete días para estudiarla, antes de convocar la reunión en la que decidirán qué políticos, técnicos y empresarios llaman a declarar en el Parlamento.

La comisión de investigación fue constituida para conocer el origen y los responsables de la insostenible situación financiera de la desalinizadora, promovida para garantizar el suministro de agua a las nuevas urbanizaciones de una veintena de municipios. Para ello se firmaron convenios con la obligatoriedad de pagar aunque no hubiera consumo. La planta genera unas pérdidas de casi 13 millones de euros anuales a la Comunidad, que, además, debe pagar 600 millones de euros hasta el año 2034 a la empresa que la construyó, Hydro Management, del Grupo ACS.

Sus gestores aseguran que la producción va en aumento: en verano alcanzó los 12 hectómetros, sobre una capacidad total de 21.