CC OO acusa a Presidencia de «querer ocultar» las nóminas de médicos y profesores

El tablón del empleado de la Comunidad Autónoma ha amanecido hoy con dos notas del sindicato CC OO en las que alimenta la polémica sobre la publicación de los datos laborales y salariales de los empleados públicos. El sindicato atribuye al Gobierno regional unos intereses ocultos en todo este asunto: la no publicación «de los sueldos de los casi cien asesores docentes, más sus correspondientes sustitutos, que cuestan muchos millones de euros al año», y de «la información sobre las peonadas del personal sanitario, un sobresueldo por descongestionar las listas de espera trabajando por la tarde».

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, que hasta ahora ha mantenido una postura discreta sobre la publicación de los nombres, salarios, puestos y categoría de los 8.700 funcionarios de la administración general de la Comunidad, responsabiliza a la Consejería de Presidencia de aprovecharse de esta polémica para así poder justificar la no difusión de los mismos datos sobre el personal sanitario y docente.

El sindicato recuerda en las dos notas difundidas hoy que la relación de puestos de trabajo de los empleados de la administración general se publicó en junio pasado en el portal de la transparencia, tal y como establece la ley regional de transparencia, pero entonces pasó desapercibida. La única reacción fue la denuncia ante el Consejo de la Transparencia por no publicar la relación de puestos de trabajo del resto de funcionarios, es decir, de los 19.640 del Servicio Murciano de Salud, y de los 20.050 del personal docente no universitario.

Vulneración de derechos

A raíz del revuelo y malestar surgido la pasada semana entre los funcionarios afectados por la publicación de sus salarios, Presidencia reveló que no sacaría a la luz los datos del personal sanitario y docente por interpretar que la ley de transparencia solo le obliga a difundir la relación de puestos de trabajo de la administración general. Al mismo tiempo, el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, anunció que harán una consulta a la Agencia de Protección de Datos por si se hubiera producido la vulneración de derechos de los empleados públicos.

Ante esta situación, CC OO se pregunta: «¿Qué esconde la Consejería y el Gobierno detrás de estas maniobras?». A juicio del sindicato, la respuesta está clara: «En educación, ocultar la información de los sueldos de los casi cien asesores docentes, más sus correspondientes sustitutos, que cuestan muchos millones de euros al año», y «en sanidad, ocultar la información sobre las peonadas, un sobresueldo por descongestionar las listas de espera por las tardes».

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO concluye la segunda de sus notas con un comentario sobre posibles consecuencias judiciales: «Cuando un servidor público, en el ejercicio de sus competencias, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta, está cometiendo un delito: prevaricar. Veremos dónde acaba el asunto».