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P, LÓPEZ / AGENCIAS
Jueves, 20 de agosto 2015, 01:34
Los planes del Ministerio de Fomento de elegir antes de que acabe el año al primer operador ferroviario privado que competirá con Renfe en la línea del AVE que une Madrid con Valencia, Alicante y en un futuro Murcia pueden irse al traste. El Gobierno está pendiente de acometer las modificaciones y las observaciones que el Consejo de Estado ha realizado a su plan para privatizar la línea, lo que retrasará la puesta en marcha del proceso por el que seleccionará a este competidor.
Aunque hace unos días la ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que el Consejo de Estado había dado luz verde a su plan, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, reconoció ayer estas objeciones, aunque precisó que el concurso público para elegir al primer operador ferroviario privado, previsto para la segunda mitad de este año, se lanzará tan pronto como el pliego de este proceso se adapte a las observaciones realizadas por el Consejo de Estado.
Respecto a estas observaciones, el 'número dos' de Fomento explicó que algunas «son de carácter sustancial y otras no sustanciales», y que entre las primeras figuran cuestiones relacionadas con las condiciones en las que Renfe alquilará trenes al operador que romperá su monopolio.
Uno de los aspectos más polémicos ha sido el canon que la empresa adjudicataria tendría que afrontar, ya que todas las aspirantes consideran que hace inviable la rentabilidad del concurso. En concreto, solicitan una reducción del 35% en el importe anual que deben abonar por el uso de la red viaria y por el alquiler de los trenes.
El secretario de Estado reiteró la voluntad de Fomento de lanzar el concurso para elegir al competidor de la compañía ferroviaria pública tan pronto como la Orden Ministerial que regirá todo el proceso de concurso público recoja dichas observaciones del organismo consultivo del Estado y, por tanto, pueda ser publicada.
Durante su comparecencia en el Congreso, Gómez-Pomar defendió el proceso de apertura a la competencia del sector del transporte de viajeros en tren en el que trabaja Fomento, al considerar que la competencia «es buena», tal como a su juicio demuestran las liberalizaciones de grandes servicios públicos ya acometidas, como la de las telecomunicaciones. «El que los ciudadanos puedan elegir entre distintos servicios es mejor que nosotros elijamos por ellos», manifestó el secretario de Estado. «La liberalización ferroviaria es buena y positiva, como lo ha sido en otros servicios», añadió.
El objetivo del Gobierno era que el proceso se iniciase inmediatamente después del verano y antes de las próximas elecciones generales -es decir, antes de acabar el año- estuviese adjudicado ya el servicio. Sin embargo, las objeciones del Consejo de Estado y los plazos necesarios hace bastante improbable que así sea.
La aprobación de la orden ministerial, una vez incluidas las objeciones, y la publicación de los pliegos el próximo mes dejan poco más de tres meses para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y posteriormente la Administración las estudie. Las compañías estiman que el mínimo plazo de tiempo necesario para redactar estas ofertas es, precisamente, de tres meses.
Fomento ha diseñado un proceso de liberalización acotado y gradual por el que en una primera fase de siete años se dará entrada a un sólo operador privado que competirá con Renfe sólo en las distintas conexiones que permite el corredor AVE y de líneas convencionales que unen Madrid con Valencia, Murcia y otras ciudades del Levante. Un grupo de empresas privadas están pendientes e interesadas en entrar en este mercado y, de hecho, ya cuentan con licencia de operador ferroviario. Entre ellas figuran las constructoras ACS, Acciona, Ferrovial y Comsa, las compañías de transporte en autobús Alsa, Interbus y la alicantina Vectalia Rail, y el operador Globalia.
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