El Supremo confirma la pena al exalcalde de Torre Pacheco por los contratos 'a dedo'

La última instancia jurisdiccional se ha cerrado para el exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, cuya condena por un delito de prevaricación en el 'caso de los contratos a dedo' acaba de adquirir firmeza. El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de diez años de inhabilitación contra el exregidor popular y dos de quienes fueron sus concejales, José Saura y Santiago Meroño, como también las condenas de cinco años y medio de inhabilitación contra el arquitecto y beneficiario de los contratos, Francisco Cavas, y de seis años y medio para el antiguo interventor municipal, Miguel Pérez.

En su resolución, el Alto Tribunal rechaza íntegramente los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados y confirma en todos sus términos la sentencia dictada hace un año por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

En concreto, los magistrados ratifican que Daniel García Madrid y sus dos ediles participaron en distintas operaciones tendentes a evitar la pública concurrencia en los contratos municipales con el fin de que los mismos fueran adjudicados directamente al gabinete de arquitectos 'P.A., S.L.', del que Francisco Cavas era administrador único.

El tribunal murciano puso de relieve, en la sentencia de julio del año pasado, que las ilegalidades cometidas por el alcalde de Torre Pacheco, el popular Daniel García Madrid, y sus concejales José Saura Meroño (Deportes) y Santiago Meroño León (Urbanismo), al asignar entre los años 2005 y 2007 una gran cantidad de contratos 'a dedo' a un arquitecto de la localidad, fueron tan «evidentes, patentes, flagrantes y clamorosas», que advirtió con ironía que «lo difícil no es determinar qué precepto se ha vulnerado, sino averiguar cuál se ha cumplido».

El importe de las mencionadas adjudicaciones irregulares ascendió a 776.500 euros.

Esa «auténtica arbitrariedad» les valió un reproche penal especialmente contundente, ya que los magistrados hicieron constar en el fallo que se les debía imponer «la privación definitiva de sus cargos, así como de los honores que les sean anejos».

Por lo que se refiere a quien fue interventor municipal en Torre Pacheco, Miguel Pérez Martínez, se da la circunstancia de que ya fue condenado en marzo de 2000 por prevaricación, por haber contratado ilegalmente a un empleado público cuando ejercía como alcalde de Fuente Álamo, también bajo las siglas del PP. Un delito por el que fue indultado en 2010.

«Es un hasta luego»

El fallo del Tribunal Supremo supone un nuevo varapalo para García Madrid y los dos exconcejales, quienes en julio del año pasado, cuando la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial les forzó a dimitir, advirtieron de que «esto no es un adiós, sino un hasta luego» y aseguraron que retornarían a la política «en cuanto lo permitan las circunstancias». Confiaban en que el Alto Tribunal tumbara la sentencia de la Audiencia, pero sus esperanzas se han visto frustradas por el fallo que confirma que prevaricaron.

García Madrid tiene todavía por delante otra dura prueba que superar, pues está pendiente de ser juzgado por el 'caso Camelot', popularmente conocido como el 'caso pagamenta'. En este asunto, el fiscal le acusa de tres delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias y otro de fraude, por los que le reclama un total de cuatro años y un mes de cárcel y 43 años de inhabilitación especial. A la exalcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, que le acompañará en el banquillo, se le imputa cohecho y se le pide una pena de año y medio de cárcel, y cuatro años y medio de inhabilitación.