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LA VERDAD
Martes, 21 de julio 2015, 00:47
La tramitación exprés de la reforma de la ley electoral tiene como principal objetivo rebajar el número de votos necesarios para que un partido pueda lograr representación en la Asamblea Regional. La estrategia común de Ciudadanos (promotor del cambio legislativo por una cuestión de anticipación política), Podemos y PSOE tendrá un efecto inmediato pues a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia será de obligado cumplimiento, reduciendo las posibilidades del PP de obtener mayoría absolutas y abriendo las puertas del Parlamento a otros partidos, como la coalición Izquierda Unida, siempre y cuando se repitieran los resultados del pasado 24 de mayo.
Sin embargo, la puerta que están a punto de cerrar con la modificación de la ley estaba prácticamente sellada por el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Esta norma establece la posibilidad de convocar elecciones siempre y cuando haya concluido el primer periodo ordinario de sesiones, que comenzará el próximo septiembre y finalizará en diciembre. La duda legal surge sobre la consideración que se le pudiera dar al actual periodo habilitado en julio.
Fuentes del Parlamento regional explicaron que en caso de que el presidente quisiera convocar elecciones antes de enero, la Comunidad tendría que dirigirse a los servicios jurídicos de la Asamblea Regional para realizar la consulta y estos elaborarían un dictamen al respecto. Aunque no quisieron anticipar un escenario político poco previsible, las mismas fuentes recordaron que la Diputación Permanente estableció el mes de julio como periodo extraordinario y que el primero como tal es el que comienza después del verano y está vigente durante tres meses. Aunque todo quedaría supeditado a la interpretación de los letrados de la Cámara.
El único escenario contemplado para un relevo presidencial por los parlamentarios es que prosperase la querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Auditorio'. Si fuese imputado, tiene un compromiso de dimitir para evitar que el PP pierda el apoyo de gobernabilidad de Ciudadanos.
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