Siete operaciones en un solo día, y con una parcela como 'dote'

El 17 de febrero de 2006 fue una día muy ajetreado para las personas que diseñaron el entramado societario de la Desaladora de Escombreras. Estaba preparado para ser activado, con muchas prisas, una vez que el Consejo de Gobierno autorizó ese día al Ente Público del Agua (EPA) a constituir la sociedad mercantil instrumental Hidronostrum, que era la que debía ejecutar los planes para conseguir agua para la Región, al margen de la que proporcionara el Ministerio a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la Confederación Hidrográfica del Segura, que en aquellos momentos ya tenían proyectadas y en construcción siete plantas desalinizadoras dentro de la cuenca, tres de ellas de más de 50 hectómetros anuales.

No es de extrañar que el Tribunal de Cuentas, años después, fuera informado por el propio EPA de que las desaladoras estatales habían hecho fracasar el negocio de Escombreras, a lo que sumó la crisis económica.

Tras el acuerdo del Gobierno de aquel 17 de febrero, el EPA constituyó ese mismo día Hidronostrum y le cedió una parcela de 35.100 metros cuadrados en el Valle de Escombreras para la futura desaladora. Dicha parcela había sido cedida gratuitamente por la Comunidad al EPA, y fue la 'dote' que le dio después a Hidronostrum. La misma jornada, Hidronostrum compró el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras, propiedad de Cobra (ACS). Acto seguido, la sociedad Desaladora de Escombreras (ya controlada por el EPA-Hidronostrum) suscribió cuatro contratos con el propio Hidronostrum (arriendo de la parcela que le había cedido antes), con Hydro Management (subarriendo de la misma parcela), con Hidronostrum (para comprarle agua potable con el modelo 'take or pay' durante 25 años) y de nuevo con Hydro Management (para la venta de la planta una vez terminado el contrato de arrendamiento).