El Gobierno negocia con bancos una bolsa de viviendas de alquiler social

La Comunidad ultima con las entidades bancarias una bolsa de viviendas de alquiler social que irán dirigidas a personas que hayan sido desahuciadas. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz. A la espera del convenio con los bancos que permita la puesta en marcha de este proyecto, del que todavía no se conoce su alcance, el Consejo de Gobierno autorizó ayer otro convenio con la Federación de Municipios y con los colegios oficiales de abogados, procuradores, economistas y agentes de la propiedad que permitirá la participación de todos estos profesionales en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda. La iniciativa fue presentada por el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, en la Asamblea Regional el pasado mes de febrero. El objetivo es que Comunidad, ayuntamientos y profesionales intenten evitar los desahucios en la medida de lo posible, mediando con las entidades financieras. «Cuando una persona entre en un proceso de desahucio, lo primero que se intentará es esta vía. Si no se llega a un acuerdo, se facilitará el acceso a una vivienda de alquiler a bajo coste», detalló José Gabriel Ruiz.

Para poder acceder a estas viviendas, las personas desahuciadas deberán reunir una serie de condiciones, entre las que se encuentra que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), situado en 532 euros, y que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

Ayudas sociales

El Consejo de Gobierno aprobó también ayer la convocatoria de 1,5 millones de euros en subvenciones dirigidas a entidades del tercer sector que llevan a cabo programas de empleabilidad e integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Además, se autorizó una subvención de 420.000 euros a la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas (Fasen), una cantidad que permitirá dotar a los centros educativos con 25 intérpretes de lengua de signos. En la Región hay cerca de 400 alumnos con discapacidad auditiva.

Asimismo, la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos (Fadis) recibirá 333.150 euros para el mantenimiento de sus servicios, y la asociación Prometeo contará con 22.279 euros para un centro de atención temprana.