Multa millonaria a constructoras por repartirse la gestión de residuos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas por repartirse el mercado de la gestión de residuos en varias comunidades autónomas, entre ellas Murcia. En concreto, el regulador censura los acuerdos para dividirse licitaciones públicas y los clientes durante más de 13 años, lo que supone una «infracción única y continuada» de la ley de Defensa de la Competencia. Entre las compañías sancionadas se encuentran grandes constructoras como Ferrovial, ACS y FCC, además de otras empresas del sector como Urbaser, Cespa, Valoriza y Saica. Solo la suma de las sanciones a esas compañías suponen 72 millones, es decir, acumulan el 75% de la multa.

«Las empresas llevaron a cabo una práctica concertada global de reparto del mercado que integraron en su política comercial», aseguró ayer la CNMC en un comunicado. Según el organismo regulador esta práctica se manifestó en el compromiso de respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados. También en el reparto de nuevos clientes, en el intercambio de información «comercialmente sensible» y en el reparto de las licitaciones públicas mediante la presentación de ofertas conjuntas a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Otra fórmula para repartirse el mercado consistía en la no concurrencia en una licitación a cambio de una posterior subcontratación de servicios.

En el caso de la gestión de residuos industriales, las conductas «anticompetitivas» se desarrollaron entre 1999 y 2013 e incluyen el reparto de clientes y pactos de no agresión entre las empresas. Prácticas similares se utilizaron en la recuperación de papel y cartón y en el saneamiento urbano. La CNMC denuncia que esas prácticas vulneran el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe todo acuerdo que pueda impedir o restringir la competencia en un mercado. Las conductas infractoras afectan a Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla.

La multa es una de las más elevadas impuesta por Competencia, que destaca el elevado número de empresas implicadas y el tiempo durante el que se mantuvieron estas prácticas irregulares (más de 13 años). La CNMC justifica la severa multa por el hecho de haberse visto afectados una gran cantidad de contratos públicos, lo que repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por dichos servicios. En concreto, las sanciones más elevadas recaen sobre Urbaser, filial de servicios de ACS, con 23,28 millones de euros; FCC con 16,88 millones; Valoriza (Sacyr) con 15,29; y Cespa (Ferrovial) con 13,61.