Tres nuevos fondos para los ayuntamientos a tipos de interés del 0%

El Gobierno también quiere que las entidades locales se aprovechen de las buenas condiciones del Tesoro Público en los mercados y logren una mejor financiación. Para ello el Ministerio de Hacienda pondrá en marcha tres nuevos fondos con el objetivo de que los ayuntamientos logren liquidez a intereses del 0%. Para ello el Estado asumirá la diferencia con el tipo de financiación exigido al Tesoro por los inversores, según comunicó Cristóbal Montoro en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada ayer.

El primero de estos mecanismos se denomina Fondo de Ordenación y tiene como destinatarios las entidades locales altamente endeudadas y con riesgo financiero. Esta medida podría beneficiar hasta a 233 ayuntamientos por un importe de 365 millones de euros, según explicó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna. También va destinada para aquellos municipios mayores de 75.000 habitantes cuyo periodo medio de pago a proveedores supere de forma reiterada en más de 30 días el plazo máximo de pago (establecido en 30 días) y cuya dotación ascenderá a 326 millones. Según la propuesta del Ministerio, la utilización de este plan en cualquiera de sus versiones está condicionado a cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, a reducir su déficit y endeudamiento.

Un segundo instrumento es el Fondo de Impulso Económico que estará dotado de 130 millones y tiene como destinatarios los municipios que cumplan los objetivos de consolidación fiscal y que el pago medio a proveedores no exceda en 30 días el plazo máximo. El objetivo de este mecanismo es, según Hacienda, es la «financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes». Según precisó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el tipo cero en este caso solo estará vigente para 2015.

El último plan es el FLA Social que permitirá a las entidades locales cobrar los convenios que les adeudan las comunidades autónomas por la prestación de servicios sociales. En caso de que los gobiernos regionales no recurran a este mecanismos será el Estado el encargado de asumir estos pagos y después retraerá de las transferencias autonómicas. El Ministerio de Hacienda prevé que este fondo no exceda los 1.000 millones.