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Julián Mollejo
Miércoles, 26 de noviembre 2014, 11:36
Jorge Fabra (Madrid, 1949) fue decano del Colegio de Economistas de Madrid y presidente de Red Eléctrica Española, además de consejero de la Comisión Nacional de la Energía. En la actualidad preside Economistas Frente a la Crisis, un colectivo de profesionales que trata de ofrecer alternativas al liberalismo imperante para salir de la crisis. Hoy participa en un acto para presentar en público la organización que preside.
Acto.
Presentación en la Región de Economistas Frente a la Crisis.
Conferencia.
La crisis y su gestión, a debate.
Intervinientes.
Jorge Fabra Utray, economista, doctor en Derecho y presidente de Economistas Frente a la Crisis, y José Molina Molina, doctor en Economía y sociólogo.
Lugar y hora.
Cámara de Comercio de Murcia, hoy, a las 19.30 horas.
-¿Qué objetivos persigue Economistas Frente a la Crisis?
-Institucionalizar el debate sobre la crisis y elaborar propuestas que contribuyan al progreso social. Queremos contribuir a recuperar para la ciudadanía los conocimientos alcanzados por el avance de las ciencias sociales, en particular por la economía, y ponerlos a su servicio. La profundización del Estado del bienestar y la reducción de las desigualdades es la única propuesta que justifica la existencia de la Unión Europea. En su defensa, nuestro objetivo como profesionales es aportar argumentos rigurosos y solventes desde la economía y las ciencias sociales.
-Propugnan relanzar la inversión pública y conservar y potenciar los bancos nacionalizados para crear una banca pública...
-Sí, nuestra posición es favorable a la recuperación de la presencia del sector público en los sectores estratégicos, no solo en el bancario, también en el energético. Ambos son sectores sistémicos y la presencia del sector público debiera actuar como testigo y revulsivo de su gestión. En el bancario se puede lograr por medio de una agencia pública especializada en la financiación de la inversión. Sería necesario disponer de un ICO redimensionado, más transparente y que preste directamente a los prestatarios finales. Una vía complementaria sería mantener una participación de control público en Bankia y BMN.
-¿No generaría esto un mayor déficit presupuestario y un aumento de la deuda pública?
-Nada de esto tiene que ver con el aumento del déficit y de la deuda. Al contrario, contribuiría al relanzamiento del flujo crediticio y con ello al crecimiento y desapalancamiento de las cuentas del sector privado y del Estado. Y si hablamos del sector eléctrico, no hay duda alguna de que la presencia del Estado en una empresa como Endesa hubiera permitido tener la información necesaria para derogar la regulación que ha encarecido la electricidad en detrimento de la competitividad de las empresas y del bienestar de las familias.
-¿Y cómo se financiaría el aumento de la inversión pública que ustedes reclaman?
-En el curso introductorio a la macroeconomía, en primer año de la licenciatura de Ciencias Económicas, aprendíamos un concepto al que llamaban 'multiplicador del gasto público', según el cual, bajo determinadas condiciones, un incremento del gasto público desencadenaba un proceso de incrementos sucesivos de la producción de bienes y servicios que permitían al Estado aumentar sus ingresos y disminuir las prestaciones sociales hasta el punto en que se contrarrestaba el incremento del gasto, con lo que acababan equilibrándose las cuentas públicas al nivel inicial. Olivier Blanchard, economista Jefe del FMI ha recalculado el multiplicador y reconocido su minusvaloración por la UE y resto de instituciones financieras internacionales. Lástima que llegue tan tarde.
Y lástima porque este efecto opera igualmente, aunque en sentido contrario, si se trata de una reducción del gasto. Si, por ejemplo, se despide a profesores, a médicos o a investigadores, éstos pagan menos impuestos y también consumen menos, lo que supone menores ventas de otras empresas, que acortan sus plantillas y aminoran los pedidos a sus proveedores, provocando nuevos descensos de los impuestos recaudados. Es decir, la reducción del gasto no implica la pretendida reducción del déficit. La austeridad expansiva es un fraude académico.
-¿Cuánto tardaremos en salir de la crisis con las actuales recetas que se están aplicando?
-Empieza a existir un consenso creciente en que el estancamiento europeo es una amenaza mayor que la deuda. El BCE y la Comisión Europea parecen estar empezando a plantearse una revisión de sus políticas, pero ¿no será ya tarde? Para hacer frente al estancamiento con medidas de estímulo sería necesario haber avanzado más en la unión política, llegando más lejos en aspectos tales como fiscalidad, unión bancaria y emisión de eurobonos. El débil crecimiento pone en cuestión a la Eurozona y a la deficiente unión monetaria creada al implantar el euro.
-¿Peligra el Estado del bienestar?
-España es la única de las principales economías de la UE en la que el empleo ha caído mucho más que el PIB. El mercado laboral español está muy desregulado: empleo temporal injustificado, despidos masivos sin causa, procedimientos para reducir reiteradamente salarios y condiciones laborales. Al primer indicio de debilidad de la economía, volverán la destrucción de empleo y las caídas de salarios. Con más intensidad de la mano de la última reforma laboral. Con este mercado laboral, España continuará siendo el país de la UE con mayor tasa de pobreza entre la población empleada. Porque nuestra desigualdad, la más alta de la Unión, proviene sobre todo del mercado laboral. La desregulación laboral es el motor de la desigualdad. Y esto pasa también en la sanidad y en la enseñanza. El Estado del bienestar está degradándose demasiado deprisa y está en serio peligro.
-¿Les preocupa que puedan alinearlos con algún partido político de izquierdas?
-No nos preocupa. Nuestra independencia intelectual está plenamente acreditada. Ahora bien, la independencia no es neutralidad ni es incompatible con las coincidencias en los diagnósticos y en las propuestas. Tampoco con las discrepancias. Coincidencias y discrepancias mantenemos con todos los partidos de izquierda.
-¿En qué grado contribuye a la crisis la corrupción política?
-La corrupción reduce la eficiencia del gasto público, distorsiona la estructura del aparato productivo, condiciona los procesos de privatización, desalienta al contribuyente. Las consecuencias son automáticas: disminuyen los ingresos públicos y aumentan los gastos de los intereses de la deuda. Hay otra adicional muy importante en momentos de crisis: reduce la capacidad del Estado para tomar medidas anticíclicas. Y la corrupción deteriora la imagen exterior de España.
-¿Qué opina del programa económico de Podemos?
-De momento no opino. Hay que esperar a que lo elaboren y lo presenten. Lo que conocemos hasta ahora está mal formulado y no nace del análisis sino de la indignación. Con seguridad, a medida que se aproximen al poder irán incorporando expertos que introducirán elementos de responsabilidad, rigor y solvencia en sus planteamientos.
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