El pato de los imputados

El Gobierno regional cesará a los altos cargos detenidos en Turismo, una decisión ejemplarizante pero incoherente

Una semana después de que la vida pública española fue convulsionada por la imputación de Rodrigo Rato y Ángel Acebes, la investigación de los pagos en B del PP y las nuevas diligencias de la juez Alaya sobre el caso andaluz de los ERE, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco puso en marcha ayer la mayor operación contra la corrupción de los últimos años, con más de 50 detenidos en Madrid, Murcia, León y Valencia, por una presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas. Entre los arrestados figura el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Diputación de León. Las pesquisas del juez Velasco alcanzaron también a la Región de Murcia, donde declararon en calidad de imputados ante la Guardia Civil la directora general de Turismo, Mariola Martínez; la directora del Info, Reyes Samper; el jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura, y el secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos quedaron en libertad provisional, excepto Galindo, que declarará hoy ante el juez en la Audiencia Nacional. Asimismo resultó detenido en Madrid el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, que tenía vínculos con dos de los presuntos hombres clave de la supuesta trama, el constructor madrileño David Marjaliza y el empresario valenciano Alejandro de Pedro. Aunque la investigación judicial está bajo secreto, las detenciones en Murcia estarían relacionadas con proyectos de promoción turística impulsados por el exalcalde José Antonio Alonso, en los que tendría intereses Marjaliza y Alejandro de Pedro. En concreto, el juez investigaría la adjudicación de un proyecto de promoción de turismo náutico por valor de 24.000 euros a la empresa Madiva, de la que es socio Alonso y Alejandro de Pedro. Según la declaración de los detenidos en Murcia, la adjudicación de este proyecto, aún no ejecutado, se ha hecho conforme a la ley. Sin embargo, en consonancia con lo decidido en Madrid por el Partido Popular, todos los detenidos en Murcia serán suspendidos de militancia. Además, según avanzó ayer el presidente Garre, los altos cargos implicados deberán dimitir o serán cesados en sus puestos porque, argumentó, no puede quedar ninguna duda en la ciudadanía sobre la integridad de los miembros del Gobierno. La decisión del presidente es, desde luego, ejemplarizante, aunque sorprende la contundencia de una medida que hasta ahora no ha venido aplicándose en el Partido Popular, cuyo secretario general en la Región de Murcia, el alcalde Cámara, lleva dos años imputado por un delito de prevaricación. En el propio Gobierno de Garre hay dos consejeros imputados, situación procesal en la que también se encuentra el delegado del Gobierno. A todos ellos, los detenidos ayer y los políticos que ya estaban imputados, les asiste la presunción de inocencia, pero da la impresión de que Mariola Martínez y Reyes Samper van a pagar el pato del hartazgo de la ciudadanía ante la sucesión de escándalos que afectan al PP. No vamos a ser nosotros quienes pongamos en cuestión unas medidas de ejemplaridad que debían haberse aplicado desde hace años en la Región, pero no podemos dejar de apuntar la frágil coherencia que subyace en una decisión que tiene un punto de arbitrariedad y que parece precipitada, dado que los detenidos en la Consejería de Turismo ni siquiera han pasado a disposición judicial ni hay aún un auto de imputación. Garre es un político honesto e íntegro, sensible a la alarma social que crean las presuntas corruptelas. Pero debería templar su reacción y esperar, al menos, a que el juez aclare en un auto qué responsabilidad penal atribuye a cada uno de los detenidos. De lo contrario, debería aplicar el mismo rasero a sus dos consejeros, por más que éstos sean una herencia impuesta por Valcárcel.