Mariola Martínez, José Fidel Saura y Reyes Samper, en libertad con cargos tras declarar

La directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez (PP), y José Fidel Saura (PP), jefe de gabinete del consejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, quedaron en libertad con cargos, a última hora de la tarde de este lunes, tras prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal y regional que afecta a varias provincias españolas que investiga la 'Operación Púnica', y que se ha saldado con más de 50 detenidos. En la misma situación, libre con cargos, se encuentra la directora del Instituto de Fomento de la Región (Info), Reyes Samper, que, aunque no fue detenida por los agentes de la UCO, acudió a su abogado para prestar declaración a petición de la Benemérita. Samper abandonó las dependencias en un taxi pasadas las 18.30 horas.

Dentro de esta operación también fueron detenidos el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y de Jesús Norberto Galindo, actual secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Según afirmó su abogado, Galindo pasará la noche en los calabozos de la Comandancia y previsiblemente será trasladado este martes por la mañana a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Los agentes de la Guardia Civil habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada" firmado con una de las empresas investigadas, de nombre Madiva. En el caso de Reyes Samper, el Info podría haber tramitado subvenciones también para esta misma sociedad.

Alonso es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria. Marjaliza, constructor de Valdemoro, también ha sido arrestado en la operación de la Guardia Civil contra una presunta trama de corrupción que gira alrededor del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y 'número dos' de Esperanza Aguirre durante algunos años en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según los primeros datos que han trascendido, la Benemérita sospecha que David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, otro hombre de negocios, eran los dos conseguidores de la citada red presuntamente delictiva.

La operación desarrollada por la Guardia Civil en Madrid, Murcia, León y Valencia, se salda por ahora con 51 arrestados, entre ellos el que fuera general del PP de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

José Fidel Saura, exedil del PP en el Ayuntamiento de Cartagena fue concejal de Turismo y Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, desde 1999 a 2007, mientras que Mariola Martínez fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

El arresto de José Antonio Alonso se ha producido en su domicilio de Madrid. Fuentes de la investigación han señalado que la detención de Alonso, regidor de Cartagena por el PSOE entre 1991 y 1995, no se vincula con su posición como alcalde sino con actividades posteriores.

El juez de la Audiencia Nacional investiga una supuesta trama de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, que habría salido a la luz a raíz del descubrimiento a principios de año de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados.

También ha sido arrestado en esta operación contra la corrupción Jesús Norberto Galindo, secretario general del Instituto de Turismo y exgerente del Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Región de Murcia, según ha podido saber 'La Verdad' de fuentes cercanas a la investigación. Fuentes de la Administración regional han explicado a Efe que agentes de la Benemérita se personaron este lunes por la mañana en las dependencias del Instituto de Turismo de Murcia y solicitaron a Galindo una serie de documentación, tras lo que éste se fue con ellos.

La Guardia Civil lleva a cabo diversas actuaciones en la región de Murcia, en el marco de esta operación, que se ha saldado con el arresto de otras 50 personas, acusadas de formar parte de esta trama. Los agentes han intervenido en las dependencias del Instituto de Fomento de la Región (Info), donde se han incautado de diversa documentación.

Operación de la UCO

Esta operación la dirige la Unidad Central Operativa (UCO) y en el marco de ella se ha detenido, además de a Granados, a los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, entre otros.

El citado David Marjaliza se presentaba en su página web como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada". "Bienvenidos a este pequeño rincón de Internet que he decidido crear para que cualquiera, sea quien sea, pueda acercarse a mi trayectoria profesional y a las novedades relacionadas con mi trabajo", anunciaba el empresario quien decía estar "muy vinculado a la gestión inmobiliaria". "Mi carrera, que comenzó a finales de los ochenta, siempre se ha caracterizado por el esfuerzo, el sacrificio y la pasión", añadía en la web recogida por Europa Press.

"A pesar de los años continúo con la misma energía y ganas de mejorar cada día, de ahí surge esta web en la que os informaré de todos mis movimientos, negocios e inversiones", argumentaba Marjaliza quien destacaba la "profesionalidad" y el "trabajo" como "las constantes que han marcado" su vida. "Ambas características son fundamentales para evolucionar y progresar, de ahí que las aplique en todos los ámbitos de mi vida. Espero en este espacio poder trasmitir estas máximas que han marcado mi camino", sentenciaba.

La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP Madrid Francisco Granados junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".

Delitos que se les imputan

En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".

Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.