Garre deja solo al delegado del Gobierno y pone la decisión en sus manos o en Madrid

El futuro del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, depende de la decisión que éste asuma personalmente o de la determinación que adopte el Gobierno central. Este fue el marco que expuso ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, quien dejó solo a Bascuñana y recalcó que la salida o continuidad del delegado, imputado por presunta prevaricación en el caso 'Novo Carthago', no depende del Ejecutivo regional. Joaquín Bascuñana no piensa arrojar la toalla, al menos de momento, y espera que desde la Presidencia del Gobierno se le mantenga en su puesto, indicaron ayer tarde varias fuentes, que no descartaron incluso que le pueda estar echando un pulso a su partido si recibe presiones para abandonar el cargo.

Durante su visita institucional a Cartagena, Alberto Garre manifestó que el delegado del Gobierno se acogió el miércoles a su derecho a no declarar ante el juez instructor. Puntualizó que, políticamente hablando, «tiene otras salidas que todos ustedes conocen; unas que dependen de la decisión que él voluntariamente tome, y otras que dependen de las decisiones que tomen otras personas», en referencia a la Administración central.

El nombramiento de Bascuñana, que se produjo en diciembre de 2011, fue una decisión de Consejo de Ministros, y cualquier medida que se tome debe ser adoptada por este mismo órgano colegiado en sus habituales reuniones de los viernes, por lo que no cabe una orden que emane de la Presidencia ni del Ministerio de Administraciones Públicas.

El delegado optó ayer por aguantar

Dijo que irse equivale a reconocer una culpa

El delegado del Gobierno rehusó ayer hacer declaraciones después de las palabras que pronunció Garre en Cartagena. Bascuñana no tenía previsto presentar su dimisión, sino esperar a que se resuelva el recurso que presentó ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia contra su imputación en el caso 'Novo Carthago', indicaron varias fuentes. Dieron a entender que no moverá ficha, en lo que a él respecta, hasta que el alto tribunal se pronuncie.

Joaquín Bascuñana decidió no declarar ante el magistrado instructor Manuel Abadía y en paralelo está defendiendo su inocencia en el seno del Partido Popular, cosa que hizo en la reunión del Comité Ejecutivo Regional que se convocó con urgencia el pasado viernes. Ante los miembros de la cúpula regional comentó que si presentaba su dimisión equivalía a reconocer que había cometido irregularidades en los trámites de recalificación de Novo Carthago durante su etapa de consejero de Obras Públicas y Urbanismo. La dirección popular le abrió un expediente informativo que debe resolver Alberto Garre.

En el interno del Partido Popular y del Gobierno regional opinan que su negativa a declarar no le ha beneficiado, y algunos consideran difícil a estas alturas que pueda seguir en el cargo, pero que la decisión última es del Gobierno central, y en particular de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende políticamente, ya que fue ésta quien propuso su nombramiento a finales de 2011.

También creen que en Madrid ha sentado mal la pregunta que ha formulado el PSOE en el Congreso de los Diputados para que la vicepresidenta se pronuncie sobre la situación de Joaquín Bascuñana tras su imputación, teniendo en cuenta además que se está impulsando la ley de Transparencia y un paquete nacional de medidas para la regeneración democrática.

La situación de la alcaldesa

Barreiro no aclara si irá a declarar voluntariamente

En sus declaraciones en Cartagena, y en presencia de la alcaldesa Pilar Barreiro, el presidente Alberto Garre indicó que el delegado del Gobierno se encuentra imputado y que «como cualquier persona, cualquier ciudadano español, tiene derecho a hacer uso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de todos los recursos que tenga a su alcance procesalmente hablando».

Sobre la situación en la que se encuentra el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que también está imputado en 'Novo Carthago' y que el miércoles prestó declaración ante el juez del caso por tercera vez, el presidente manifestó que «tiene también otras salidas, que son a las que he hecho referencia anteriormente, y eso ya depende de cada uno de los implicados». Garre, no obstante, dio a entender que no piensa destituir a Antonio Cerdá, y destacó que «está colaborando estrechamente con la justicia y ha contestado absolutamente a todas las preguntas que se le han formulado».

Al inicio de su declaración ante los medios de comunicación, y a preguntas sobre 'Novo Carthago', el presidente señaló que «no le consta» que haya «ningún procedimiento judicial en la ciudad de Cartagena». La alcaldesa Pilar Barreiro, que está aforada como diputada nacional del PP, no despejó la incógnita sobre si acudirá al juzgado a declarar sobre la tramitación urbanística. «Haré lo que tenga que hacer de acuerdo con mi asesor legal. La estrategia de mi defensa la establecemos juntos y la llevaremos a cabo juntos», manifestó.

El consejero de Presidencia, José Gabriel Ruiz, indicó en Lorca que el Gobierno autonómico es «el principal interesado, junto con los ciudadanos, en que todo se aclare». Reiteró el «respeto absoluto a la actuación de la justicia». Añadió que «la situación en los últimos días no ha cambiado absolutamente nada y los procesos judiciales siguen su marcha procesal». Pidió «la máxima celeridad en todos los procedimientos».

Desazón por el desgaste

El PP se olvida de mandar a Cámara al Senado

En el PP hay expectación sobre el curso de los acontecimientos y desazón por el desgaste que está sufriendo. El partido ha abandonado la idea de que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea promueva al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado en el 'caso Umbra', para que ocupe un escaño en el Senado por designación autonómica, con lo cual se convertiría en aforado. Creen que el propio alcalde se ha percatado de que, por ahora, debe olvidarse de esta propuesta.