El exsecretario municipal de Torre Pacheco defiende «por tradición» los 'contratos a dedo'

El exsecretario general del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Luis de Dios Rojo, defendió ayer en la Audiencia Provincial su convicción de que la adjudicación de decenas de contratos a dedo para la realización de proyectos, por parte de distintas corporaciones municipales hasta el año 2007, estaba amparada por la ley al tratarse de trabajos de propiedad intelectual.

En la segunda jornada del juicio que acaba hoy en Cartagena contra el alcalde, Daniel García Madrid (del PP), dos concejales de su partido, el interventor y un arquitecto que recibió encargos, el exsecretario reconoció que autorizó de manera verbal y por escrito un sistema de contratación que calificó de «tradicional». Éste servía para la inmensa mayoría de los contratos de esa época.

Consistía en que, para tareas que no incluían obras, los políticos y funcionarios contactaban con profesionales liberales, en su inmensa mayoría radicados en el municipio, y les encargaban proyectos de arquitectura, de ingeniería o jurídicos.

Al creer que ese procedimiento vulneró la ley, al fraccionar a propósito las facturas para no superar el límite del contrato menor (12.000 euros) y así evitar el expediente de contratación y el concurso público, el fiscal José Luis Díaz solicita la inhabilitación del regidor por un delito de prevaricación. Lo mismo pide para los exediles de Urbanismo y Deportes Santiago Meroño y José Saura, respectivamente; el interventor Miguel Pérez (condenado por prevaricación como alcalde de Fuente Álamo) y el arquitecto Francisco Cavas. Les hace responsables de participar en la adjudicación, de 2005 a 2007, de contratos menores urbanísticos y deportivos. Entre ellos, varios para el arquitecto por unos 777.000 euros.

«¿Se ha mirado el decreto?»

Manzanera lanzó un duro interrogatorio tras oír cómo el exsecretario, técnico de Administración Local con habilitación nacional, respondía a los abogados que cuando «la Corporación o los técnicos» encargaban proyectos «a quienes consideraban oportuno», actuaban bien y bajo su «muy riguroso» control. El exfuncionario argumentó que la Ley de Contratos solo exigía un proceso competitivo para proyectos de ejecución material de obras, no técnico-artísticos.

«¿Usted se miró el Real Decreto Legislativo 2/2000? ¿No sabía que eso solo cabía en un procedimiento negociado sin publicidad, siempre que se acreditara que se iba a dar el contrato a un empresario concreto, proponiendo previamente a tres?», inquirió el fiscal. Éste dio otra vuelta de tuerca y espetó a De Dios, ya jubilado: «¿De dónde se saca usted su interpretación? ¿De alguna resolución judicial o un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa?». «Creo que había un informe», contestó aquél.

El representante del Ministerio Público volvió a la carga. «¿No sabía que el Real Decreto remite a otra posibilidad: un procedimiento abierto de concurso público para proyectos técnicos? ¿Equiparaba esto a la hoja de encargo del alcalde? ¿Por qué no se siguió el sistema establecido?». De Dios, que declaró como testigo, admitió que el procedimiento abierto fue excepcional. Citó el Plan General de Ordenación Urbana y la reforma de la Casa Consistorial. Y sobre la pregunta final, volvió a la idea del sistema clásico: «Se seguía el procedimiento tradicional de adjudicación directa».

El exconcejal independiente Diego García Cobacho, quien formó parte del gobierno local de 1986 a 2003 y estuvo en la oposición hasta 2007, también declaró como testigo. Negó tener animadversión hacia los acusados y dijo sentirse mal por testificar contra vecinos y antiguos compañeros de Corporación, pues hasta ser preguntado por la prensa y motivar una investigación de oficio de la Fiscalía hizo múltiples mociones sobre las aparentes anomalías contables.

Un exedil y un contratista

García afirmó que en su periodo de gobierno nunca se pagaron varias facturas menores de un mismo proyecto, pues había un control riguroso del técnico de Servicios Generales, el secretario y el interventor. Cuando el PP llegó al poder y sin saber por qué, dijo, los dos últimos funcionarios cambiaron de criterio y permitieron graves «desbarajustes».

El abogado del alcalde, José Pardo Geijo, apuntó con sus preguntas a una venganza política del edil por su derrota electoral, y puso ejemplos de supuestos fraccionamientos en la etapa de gobierno de García.