Alvarado atribuye a una «venganza política» la declaración de la funcionaria que lo acusa

El exdirector general de Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia Antonio Alvarado declaró este viernes como imputado en el caso Novo Carthago, sobre presunta corrupción urbanística en terrenos del Mar Menor protegidos medioambientalmente, que la funcionaria que lo denunció pretende vengarse políticamente.

Según se recoge en el acta de su declaración, Alvarado negó que esa funcionaria, María Jesús Ros -miembro de la comisión de impacto ambiental del Gobierno autonómico-, le aconsejara que hiciera una consulta a la dirección general de Urbanismo sobre Novo Carthago con respecto a los espacios protegidos.

Este imputado añadió que ella no es objetiva, "ya que siempre declara contra las personas a las que tiene un odio importante", y a él lo "llevó, como a otros, al juzgado de lo contencioso".

"Siempre ha reconocido que era militante del PSOE y decía que cuando ganara su partido, se iban a enterar", expresó en otro momento del interrogatorio.

A preguntas del instructor de la causa, que investiga un presunto caso de prevaricación por la recalificación urbanística de terrenos parcialmente protegidos para hacer viable un proyecto de construcción de 10.000 viviendas y campos de golf, reconoció que firmó para facilitarlo la declaración de impacto ambiental de la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Cartagena.

Pero añadió que lo hizo porque, como ocurre en todas las declaraciones de ese tipo, iba acompañada de una propuesta de resolución de la comisión correspondiente, de la que él no formaba parte.

Su declaración continuará el próximo martes, cuando también la prestarán otros imputados en esa causa.

Antes de Alvarado declaró como imputado el asesor jurídico del Gobierno de Murcia Luis Romera, que firmó la propuesta de la orden de marzo de 2005 que apoyaba la aprobación definitiva de la modificación urbanística.

Igualmente, expuso que firmó el documento como asesor jurídico y que la reforma urbanística que ha dado lugar a estas actuaciones judiciales "no contraviene las previsiones del PGOU".

Al final del interrogatorio comentado que no cree "haber cometido infracción legal", que nunca ha obrado "de manera frívola en su trabajo y que le resulta extraño este debate en sede penal, cuando la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse)", denunciante de los hechos, "podría haber acudido a la jurisdicción contenciosa".