Concede a Barreiro la posibilidad de declarar voluntariamente

La alcaldesa de Cartagena y diputada nacional por el PP, Pilar Barreiro, protagoniza muchos de los setenta folios que engrosan el nuevo auto del instructor del 'caso Novo Carthago'. El magistrado Abadía lo tiene claro. Barreiro debe prestar declaración como imputada en esta investigación por presunta corrupción urbanística. El instructor comparte, sin embargo, la tesis del Ministerio Público y entiende que aún no ha llegado el momento de pedir explicaciones a la regidora, lo que obligaría, dada su condición de aforada, a trasladar la causa al Tribunal Supremo.

Con esta argumentación, el TSJ otorga a Barreiro la facultad de personarse en la causa, de tener conocimiento de las actuaciones e, incluso, de prestar declaración voluntariamente. El magistrado recalca, no obstante que -por prohibición expresa del Constitucional- no podrá llevarse a cabo una investigación de su patrimonio, como sí se pretende realizar del resto de presuntos implicados en esta trama.

En su auto, el instructor del caso expone que sí ve «necesario» deducir testimonio a Barreiro porque «los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes». Entre esos indicios, el magistrado remarca que cuando Hansa Urbana presentó de manera formal su proyecto urbanístico el 1 de julio de 2003 «en lugar de rechazarlo» por afectar a un espacio natural protegido, convocó un Pleno con «celeridad» el 4 de agosto de 2003. En él Barreiro votó a favor de la modificación puntual 113 del Plan General.

El instructor recuerda, además, que la orden de 12 de junio de 2003 de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Espacios Abiertos de Islas del Mar Menor se firmó por parte del consejero Cerdá «porque lo pedían desde Cartagena», tal y como aseguró el propio consejero ante el juez.

Abadía concluye que «los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento de Cartagena, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos, eran la alcaldesa y Agustín Guillén» -exconcejal de Urbanismo, imputado en la causa-.

El instructor del 'caso Novo Carthago' también recuerda, en su auto, que quedan unos meses para la prescripción del presunto delito de prevaricación continuada que habría cometido Barreiro -que es a los diez años-. Recalca, no obstante, que el plazo de prescripción queda interrumpido cuando el procedimiento se dirige contra el culpable y, por tanto, este auto deja en suspenso ese plazo.

«No está imputada»

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Cabezos, se encargó ayer de defender a Barreiro utilizando tres argumentaciones. La primera fue que el trámite urbanístico para desarrollar esa urbanización «cumplió con la legalidad vigente». La segunda consistió en repetir que la primera edil «no está formalmente imputada y mucho menos procesada o condenada». Y la tercera se basó en recalcar que hacer creer que sí está imputada es «querer echar mierda», «hacer juicios paralelos y mediáticos» y «pisotear la presunción de inocencia».