La UPCT critica la «rigidez» del informe porque obvia sus gastos «plurianuales»

El vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UPCT, Emilio Trigueros, quiso dejar claro este martes que, en primer lugar, el informe dictado por el Tribunal de Cuentas «no detecta ninguna ilegalidad», sino «cuestiones que el órgano fiscalizador entiende que deben subsanarse, como consecuencia de unos criterios equivocadamente rígidos» en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

«Es contradictorio que los gobiernos central y autonómico nos pidan buscar nuevas vías de financiación, y reconozcan que necesitamos un mayor margen para cumplir esa ley; y que, sin embargo, el Tribunal de Cuentas nos exija que no nos salgamos un milímetro del presupuesto inicial», subrayó el vicerrector.

Trigueros lamentó que no se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la Politécnica, que están guiadas por el criterio general de que «el Tribunal de Cuentas nos analiza como si fuéramos un organismo estático, con un presupuesto anual casi inamovible, cuando somos todo lo contrario: un organismo dinámico».

Criticó, además, que el órgano fiscalizador «carece de especialistas en la Universidad», y señaló que mientras sus informes se refieren solo a cinco comunidades autónomas pero son presentados en el Congreso de los Diputados, «los informes de los tribunales de cuentas propios de Cataluña y otras comunidades no trascienden al ámbito nacional».

El vicerrector de Economía detalló que para la UPCT y el resto de universidades es «imprescindible» modificar las cuentas anuales por varios factores: uno es porque maneja proyectos plurianuales, sobre todo de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); y otro, porque los gobiernos han marcado la línea política de exigirnos nuevas vías de financiación, al margen de las subvenciones públicas. Trigueros añadió un tercer motivo: los recortes de presupuesto de los últimos años, por los problemas de déficit de la Comunidad Autónoma. No obstante, el vicerrector señaló la "plena coincidencia con el Gobierno regional sobre la necesidad de que el Tribunal de Cuentas acepte las alegaciones y respecto a la situación excepcional de los ajustes de presupuesto en la Región".

A su juicio, «existe un trasfondo político de cuestionar la gestión de las universidades públicas y el Tribunal de Cuentas aumenta el deterioro de nuestra imagen ante los ciudadanos al quere presentarnos como un bacalao seco, cuando somos un bacalao vivo, en movimiento».

Comunicado íntegro de la UPCT

«De la lectura de las conclusiones de ambos, se podrá comprobar que un 75% de las conclusiones son IDÉNTICAS para ambas universidades, cambiando exclusivamente los valores numéricos correspondientes.

Todo un indicativo de que las valoraciones del TC están lejos de tener en cuenta los principios, fines y objetivos de las universidades en general, y dejan entrever valoraciones respecto del modelo universitario del país que interesa llevar al parlamento, solo que el TC solamente fiscaliza a 5 CC AA sin organismo fiscalizador propio.

La obligación de implantación de sistemas de contabilidad analítica se deriva del RDL 14/2012, promulgado con posterioridad a los ejercicios fiscalizados. Y además, dicho RDL establece el plazo del curso 15/16 para su definitiva implantación, por lo que no entendemos la versión del TC al respecto, máxime cuando ambas universidades han informado que están desarrollando los mecanismos de implantación.

Para más agravante, el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado una Comisión de Trabajo al respecto con todas las CC AA. para homogeneizar la implantación de éstos modelos.

La primera reunión al respecto será en Junio de éste año. Dos años y medio después de la finalización del último ejercicio objeto de éste informe de fiscalización.

En referencia a los Consejos Sociales, también ha afirmado: que sus reuniones tienen carácter testimonial. Se han permitido menospreciar su importancia por el hecho de que los estatutos de ambas universidades sólo le dedican tres artículos en su regulación, obviando los propios reglamentos de los Consejos Sociales. También podrían haber indicado que el Consejo Social aparece en más de 40 ocasiones en el texto de los Estatutos de la UPCT. Eso sí, han estimado oportuno concluir que ello debe llevar a una reflexión del futuro de las instituciones universitarias.

Otro aspecto negativo señalado por el TC es el elevado volumen de las modificaciones presupuestarias que han derivado en ampliaciones de crédito. TODAS las modificaciones presupuestarias están motivadas por la existencia de situaciones que no pueden ser conocidas en el momento de elaborar los presupuestos, aspecto que fue explicado al TC en el trámite de alegaciones de las Universidades.

Es de difícil comprensión que un órgano como el TC no entienda que existen ingresos liquidados a lo largo del ejercicio por subvenciones ejecutadas por organismos comunitarios, estatales y regionales para la financiación de proyectos de investigación competitivos y por la facturación de los contratos con empresas realizados al amparo del artículo 83 de la LOU. Que no entienda que los Ingresos afectados al desarrollo de un Proyecto Plurianual deben pasar engrosan los Presupuestos, pues en otro caso no podrían ejecutarse.

Es imposible saber si las necesidades de una empresa o la resolución de una convocatoria de proyectos europeos, va a cristalizar en que en un determinado ejercicio la universidad tenga estos ingresos. Resulta pues que un asunto contable parece impedir una flexibilidad para la captación de unos fondos que, desde otras instancias, tanto se han reclamado que sean foco de atención de las universidades.

Otro aspecto reseñable son las ratios demanda/oferta de plazas. Nuevamente y pese a que ello no debiera ser el objetivo de un informe de fiscalización más bien un tema de política universitaria y diseño de la oferta de titulaciones-, los consideran bajos. Esta afirmación se fundamenta en cálculos como el siguiente: Si una titulación se ofrece sin límite de plazas situación relativamente frecuente en los años 2010 y 2011- y finalmente se matriculan 60 estudiantes, el TC considera que la ratio demanda/oferta es del 50%, porque considera que el valor de referencia para ofrecer un título es de 120 plazas como mínimo. ¿En qué han basado ese dato?

Tampoco es entendible su consideración de la superación del límite de gasto de personal fijado. Además de que los valores con los que se superan los límites son anecdóticos, si nuestras universidades son capaces de desarrollar una actividad investigadora de alto nivel que le permita captar en un determinado año varios millones de euros de empresas u organismos para desarrollar proyectos de I+D, ¿Qué hacemos? ¿No contratamos a los investigadores necesarios para desarrollar esa tarea porque superamos el techo de gasto de personal?»