El juez no decidirá sobre la situación de los detenidos hasta última hora del día

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha reanudado esta tarde, a las 16.30 horas, la toma de declaración de los detenidos en la operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia .

En concreto, ha pasado a prestar declaración el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, tras un receso para comer que comenzó a las 15.30 horas, una vez que terminó de declarar el abogado Higinio Pérez Mateos. Fuentes próximas al caso consideran que es previsible que se prolongue hasta primeras horas de la noche.

A su salida del Palacio de Justicia, el abogado de Pérez Mateos, Marcelo Sáez Alonso, ha declarado que su defendido se encuentra "bien y muy tranquilo", tras declarar durante dos horas y media, desde las 13.00 a las 15.30 horas.

A las 16.30 horas se ha reanudado la toma de declaración de Guerra, cuyo abogado, Jaime Péris, a su llegada al Palacio de Justicia ha declarado a los medios que se encuentra "bien y tranquilo".

Las mismas fuentes han confirmado que, tras tomar declaración a Renato de Noce e Higinio Pérez Mateos, el juez no ha tomado decisión alguna acerca de su situación procesal, esto es, sobre su puesta en libertad con o sin fianza, o sobre su ingreso en prisión, y los ha devuelto a los calabozos del Palacio de Justicia. Ello demuestra que la decisión del instructor es que se realice una vistilla conjunta para los tres detenidos, en el momento en que todos ellos ya hayan pasado por su despacho y hayan dado explicaciones sobre su participación en esta presunta trama de corrupción urbanística. Será entonces cuando el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, ofrezca sus argumentos jurídicos sobre cada uno de los imputados y solicite para ellos las medidas cautelares que considere oportunas, de la misma forma que los letrados defensores ofrecerán sus razonamientos y, en base a ellos, reclamarán, lógicamente, la puesta en libertad de sus clientes.

No será, pues, hasta bien avanzada la tarde, incluso hasta primeras horas de la noche, previsiblemente, cuando se conocerá la decisión del magistrado acerca de la situación en la que quedan los tres detenidos, que están imputados en unas diligencias abiertas por delitos como la malversación de caudales públicos, el cohecho, las negociaciones prohibidas a los funcionarios y el blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Las investigaciones se centran en los convenios urbanísticos que el Consistorio murciano firmó entre 2001 y 2006 con varios grupos empresariales, por los que se les dio luz verde para construir hasta 26.000 viviendas en la zona norte del municipio, junto a Nueva Condomina. Las sospechas se basan en un presunto trato de favor hacia esos promotores, que se habrían ahorrado supuestamente decenas de millones de euros en pagos al Ayuntamiento en concepto de compensación por las recalificaciones urbanísticas y el aumento del aprovechamiento de los que se habrían beneficiado.